De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, implementar políticas sostenibles para disminuir índices de inseguridad alimentaria es obligación de las autoridades nacionales.

Esto de acuerdo a el ‘Informe mundial sobre las crisis Alimentarias’ (por sus siglas en inglés: GRFC) incorpora por primera vez a Colombia en la lista de países de América Latina que experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda durante el 2023.

Alrededor de 1,6 millones de personas, equivalente al 3% de la población residente en el país, de acuerdo con el GRFC, experimentó graves niveles de inseguridad alimentaria aguda focalizada, de manera particular en zonas rurales de los departamentos de La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo. Esos niveles fueron atribuidos a bajos ingresos y a una alta vulnerabilidad derivada de eventos climáticos adversos.

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“Las autoridades nacionales deben incluir en sus políticas públicas medidas efectivas que disminuyan los índices de inseguridad alimentaria, con el firme propósito de garantizar el derecho a la alimentación”, llama el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El 62% de la población migrante o refugiada, que asciende a 2,9 millones de personas, resalta el Informe, padeció inseguridad alimentaria aguda en el país. Así mismo, es preocupante el aumento exponencial de la población flotante, migrante o refugiada, debido a que Colombia constituye un tramo obligatorio en la ruta hacia Centro y Norteamérica, pues el 73% de las personas en tránsito experimentó inseguridad alimentaria aguda.

“Hay que adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes y de la población en tránsito, velar para que gocen, en igualdad de condiciones, de sus derechos económicos, sociales y culturales”, es otro de los llamados del Defensor del Pueblo.

Precisamente, un reciente documento de la ‘Evaluación de seguridad alimentaria’, del Programa Mundial de Alimentos, da cuenta de que las principales dificultades estuvieron asociadas a factores económicos, siendo las más frecuentes la falta de dinero para comprar alimentos (53%), el aumento en el costo de alimentos (25%) y la reducción de ingresos (23%).

Al analizar la relación entre eventos asociados a afectaciones climáticas y desastres de origen natural e inseguridad alimentaria, se encontró que el 28% de los hogares impactados padece inseguridad alimentaria, mientras que para los hogares no afectados, el porcentaje es del 22%, lo cual confirma que los choques climáticos extremos hacen más proclives a los hogares a sufrir inseguridad alimentaria.

“Como exigencia social, es necesaria la puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales, para evitar que una parte de la población colombiana carezca de alimentación digna”, remarcó Carlos Camargo Assis.