Los investigados en 64 procesos penales por el delito de feminicidio en Bogotá podrían quedar en libertad por vencimiento de términos o ya la habrían recobrado al aplicarse esa figura, lo que representaría un riesgo para las víctimas acreditadas. Así lo alertó ayer la Procuraduría General de la Nación con base en información suministrada por la Fiscalía y el seguimiento que le hace a esos casos.

Por esa razón, la delegada con funciones mixtas para el Ministerio Público en Asuntos Penales, a través de sus procuradores judiciales, solicitará a los jueces que programen las audiencias con mayor celeridad en los casos en los que se verifique el riesgo. 

Así mismo, pedirá que se decreten las medidas necesarias para proteger la integridad de las víctimas acreditadas; esto en los casos en los que se ha ordenado la libertad de los procesados.  

Esa labor se realiza en desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, impulsada por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, que adelanta la Coordinación Nacional de Intervención Penal en Defensa de los Derechos de las Mujeres, adscrita a la delegada. 

Igualmente, en desarrollo de esa misma estrategia, la delegada ha priorizado el conocimiento de 143 procesos adelantados por feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar en todo el territorio nacional. 

El objetivo es velar porque se garantice el debido proceso en los casos de violencia basada en género, y que en las investigaciones penales se cumpla con la obligación de la debida diligencia y con la aplicación del enfoque de género. 

De esos procesos priorizados, 85 corresponden a investigaciones por feminicidio, 19 por tentativas de homicidio y 39 por violencia intrafamiliar. 

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Por feminicidio, el órgano de control tiene priorizados 10 procesos adelantados en Bogotá y Valle del Cauca, nueve en Antioquia y Cesar, ocho en Atlántico, siete en Santander y seis en Sucre, entre otros. 

Por tentativa de feminicidio se hace seguimiento especial sobre cinco procesos adelantados en Bogotá y dos en Cundinamarca, Córdoba y Atlántico, entre otros. Finalmente, por violencia intrafamiliar, algunos de los procesos priorizados son adelantados en Bogotá, Cundinamarca, Caquetá, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.

Como parte de su acción preventiva, la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres ha remitido a las personerías municipales 282 alertas sobre riesgo inminente de feminicidio en lo que va corrido de 2022, para que estas gestionen ante las autoridades municipales las medidas de protección requeridas por las posibles víctimas.