El incremento de la violencia contra la mujer en lo que va de este año, que esta semana escandalizó aún más al país al conocerse la violación de una niña indígena por parte de siete soldados, llevó a que el Gobierno nacional ayer implementara una estrategia de choque para combatir este flagelo.

La decisión fue adoptada en el Consejo de Ministros, a donde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llevó el tema, un escenario poco usual para tratar este tipo de problemáticas, pero que por lo mismo indicaría el grado de preocupación que hay en la administración Duque por lo que está sucediendo.

Se determinó la instalación de una sala de control y monitoreo exclusiva para combatir crímenes de violencias en contra de las mujeres, en cabeza de la Policía, de manera articulada con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  Se invitará a formar parte de esta a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

Se tomó también la decisión de que el Consejo de Seguridad Nacional monitoreará permanentemente los casos de violencia de género para prevenir y castigar feminicidios, violencia intrafamiliar y sexual contra mujeres y niñas.
Se implementará una plataforma tecnológica con inteligencia artificial para prevención, atención y seguimiento a casos de violencias, alojada en el Observatorio Colombiano de las Mujeres de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Igualmente, el Gobierno expedirá un decreto para formalizar el Mecanismo Articulador para planes y proyectos de todos los ministerios y entidades nacionales para la promoción y garantía de los derechos de las mujeres que permitan la prevención y atención de violencias.

Además, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, se radicará ante el Congreso un proyecto para el fortalecimiento de las comisarías de familia.

Adicional a la violación de la niña indígena en Risaralda, por lo cual en menos de 72 horas fueron individualizados y privados de la libertad ocho uniformados que aceptaron los cargos en su contra, en apenas dos semanas se registraron 10 denuncias de feminicidios en diferentes regiones del país. Varios casos de mujeres golpeadas por sus parejas o compañeros sentimentales, así como de acoso y abuso sexual en entornos universitarios y culturales.

En tanto que entre el primero de enero y el 18 de junio de este año, 99 mujeres y niñas fueron asesinadas en el país, según ha documentado la campaña “No Es Hora De Callar”.

Mientras que la consejera para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, reveló “cuando se hace el análisis de la Línea 155, vemos registrado un incremento del 150% en las llamadas por violencia intrafamiliar, entre el 25 de marzo y el 18 de junio de 2020, frente al mismo periodo del año anterior”.

La consejera Gallo estimó que “con estas nuevas medidas seguiremos trabajando de manera articulada con los gobiernos departamentales y municipales, y con las demás entidades del Estado para recordarle a las mujeres que no están solas y que seguiremos garantizando su acceso a la justicia para que sus agresores sean judicializados y reciban condenas ejemplarizantes”.

Polémica

De otra parte, el Gobierno se sumó ayer a la polémica después de que varios penalistas controvirtieron que la Fiscalía imputara a los uniformados que abusaron de la niña indígena el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años agravado, a seis de ellos en calidad de autor y uno como cómplice, pues consideran que por el grado de indefensión de la víctima debió imputarse acceso carnal violento con menor de 14 años agravado.

La vicepresidenta Ramírez dijo que es respetuosa de la autonomía de las ramas del poder, pero “aquí hay una violación, aquí no se trata de un abuso ni de un acceso, esto es una violación. Y si no llamamos las cosas por su nombre después vamos a ver al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno que no puede haber en este caso”.

A esta observación se unió la viceministra de Justicia, Juanita López, quien dijo “respetamos la autonomía, es autoridad de la Fiscalía, pero sin duda se trata de una acto violento”.

Por su parte, el fiscal General, Francisco Barbosa, dijo “es el país de palo porque bogas, palo porque no bogas; este es el país de cójanlo, cójanlo y después suéltalo, suéltalo como dice el contralor General, y este es un país donde las críticas arrecian ante las acciones, ante las reacciones institucionales y las críticas arrecian cuando no hay reacciones institucionales. Esto es un éxito para el país (...) aquí, por lo pronto, lo que hay que decir es que en 72 horas tenemos tras las rejas a estos bandidos que afectaron y laceran el uniforme del Ejército”.