Mejorar los controles legales sobre el gasto y desembolsos, recomendó la Contraloría General a los alcaldes municipales.

De acuerdo con el vicecontralor (e), Ricardo Rodríguez Yee, una queja frecuente que llega al organismo de control es que no todos los gobiernos municipales están usando cuentas maestras como ordena la Ley 1753 de 2015, pero “aun en muchos municipios persiste la cultura de los sobregiros que claramente está prohibida”.

“Aún no se ha erradicado por completo el endoso del pago de obligaciones a personas diferentes del beneficiario originalmente contratado. Esto da una condición de opacidad y quita transparencia al manejo de los recursos, particularmente los que vienen de las regalías”, agregó.

Se refirió también a los hallazgos recurrentes que encuentra la Contraloría General de la República cuando audita las entidades territoriales: “En el 70% de las auditorías se detectan falencias en la contratación; en el 61% de los casos se ven deficiencias en la formulación de proyectos y programas de inversión; en el 52% se evidencian deficiencias en las labores de supervisión, seguimiento y control. Y en el 42% de los ejercicios de control fiscal se encuentran errores en la ejecución de los contratos”.

Rodríguez Yee se refirió también al tema de la crisis de los hospitales públicos e indicó que estos arrastran hoy un déficit de alrededor de $4 billones.

“El saneamiento de estas entidades de salud a veces termina siendo peor que la misma enfermedad y se hace en algunas ocasiones sin criterios técnicos”, sostuvo también.

Asimismo habló de la situación de los hospitales públicos, de la que dijo es crítica y “deben contar con algo elemental, que es el presupuesto de caja. Muchos coexisten con lo que son los presupuestos de causación y ahí hay grandes dificultades. Ya los famosos carteles que son recordados lamentablemente, mostraron que en algunos lugares los recursos no tienen el control necesario y en la mayoría de casos cuando aparecen esos carteles terminan desviados para otros fines diferentes a los que es el aseguramiento en la prestación del servicio de salud y terminan en muchos casos, que se han logrado evidenciar, en la financiación de campañas políticas”.

“Este es un año electoral y la Contraloría no va a tolerar que el debate democrático alrededor de las elecciones siga siendo fuente de responsabilidades fiscales y disciplinarias”, concluyó Rodríguez Yee.