La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP incluir como parte del reconocimiento de verdad que deben hacer los comparecientes del macrocaso 002, la estrategia de “Infundir terror” como forma de sometimiento a las poblaciones de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño, como crímenes de lesa humanidad. Para el Ministerio Público se debe establecer que los delitos producto de esa estrategia no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte integral de la política de control social y territorial de las Farc.

Tras analizar casi 4.000 hechos victimizantes, encontrando que la violencia reproductiva constituyó uno de los más graves crímenes, la procuradora Delegada con Funciones de Intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, pidió en su escrito de observaciones que se adicione a la imputación el crimen de lesa humanidad de “otros actos inhumanos”, por cuenta de los graves sufrimientos ocasionados a los niños, niñas y adolescentes reclutados por las Farc, los malos tratos intrafilas que les fueron infligidos, así como las agresiones contra la población civil víctima de la violencia reproductiva. 

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Además, preocupa al Ministerio Público que el análisis de autoría frente a los crímenes imputados haya sido realizado por la JEP de forma generalizada e idéntica para todos los máximos responsables seleccionados, en lugar de observar individualmente la contribución de cada mando a la comisión de las conductas criminales y recalcó que la mayor alarma se genera frente a las atribuciones por violencia sexual.

La Procuraduría se refirió también a las graves afectaciones generadas contra los pueblos étnicos, asegurando que estas no fueron meramente incidentales, sino que generaron un patrón de violencia con gran riesgo para la pervivencia de las comunidades indígenas denominado etnocidio.

Finalmente, consideró que a la providencia le hizo falta la atribución de una modalidad de daño al medio ambiente consistente en la deforestación, alteración de ecosistemas y contaminación de fuentes de agua y suelos como resultado del ejercicio de control, promoción y explotación de los cultivos de uso ilícito por parte de las Farc, dentro de la cadena de narcotráfico, lo cual además puso en riesgo la cohesión social y la estabilidad de las comunidades.