La Defensoría del Pueblo llamó la atención por la muerte de cinco menores de edad indígenas, pertenecientes a las comunidades Yukpa, asentadas en el departamento del Cesar, según indicó el defensor Carlos Camargo, aunque, al parecer, los niños se envenenaron con alguna fruta silvestre, por lo que solicitó a las autoridades corroborar sí esta versión es cierta. 

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de cinco niños indígenas del resguardo Iroka, en zona rural de Agustín Codazzi, municipio del departamento del Cesar, cuya causa de su deceso habría sido por el consumo de una fruta silvestre envenenada. No obstante, requerimos el concurso de las autoridades competentes para que determinen con precisión lo ocurrido”, señaló el defensor. 

Posteriormente, el funcionario añadió: “En este caso es determinante la actuación de la Fiscalía General de la Nación, por lo que requerimos su pronta actuación, máxime que se trataría de integrantes de una misma familia; para establecer con celeridad las circunstancias de lo sucedido porque es clave para garantizar los derechos a la justicia, la vida, la integridad cultural, la permanencia y pervivencia cultural del pueblo indígena, en este caso, del pueblo Yukpa”.

Según señala la comunidad, estos hechos tienen en el resguardo un impacto individual con efectos colectivos, teniendo en cuenta que, para los yukpas, las niñas, los niños y adolescentes cumplen un rol importante en la reproducción de la cultura; por lo tanto, circunstancias como las que ahora mismo afrontan, afectan su equilibrio y armonía.

"Cabe resaltar que el pueblo indígena Yukpa, ubicado en la Serranía del Perijá, es uno de los últimos pueblos nómadas, seminómadas y agricultores itinerantes, como también, ha sido declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 2009 y ratificado en el Auto 266 de 2015. Por lo cual es imperativo velar por su protección y la garantía de sus derechos", asegura Camargo.

Es primordial tener en cuenta la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la protección de la niñez y adolescencia del país, siempre deben estar vigilantes de posibles situaciones de riesgo en las que puedan estar, es un deber fundamental consagrado en la Constitución Política.