La defensa del senador Musa Besaile le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que llame a declarar, bajo la gravedad de juramento, a los ex magistrados Leónidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte.
En la misma solicitud, la defensa de Besaile también pidió la declaración del magistrado de la Sala Penal del alto tribunal Gustavo Enrique Malo Fernández, quien adelanta el proceso en contra del senador Musa por parapolítica.
Asimismo, el exsenador Julio Manzur, en declaración ante un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, precisó que el exfiscal Luis Gustavo Moreno le pidió $2.600 millones para evitar su captura.
El excongresista Manzur señaló que no accedió a la oferta de Moreno porque ya contaba con un equipo de abogados que estaban al frente de su defensa por un proceso de parapolítica que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia.
“Inicialmente 600 millones y posteriormente 2 mil millones, lo he manifestado en la Corte Suprema de Justicia, en las dos oportunidades rechacé la oferta“, sostuvo Manzur.
Entretanto Wadith Manzur, hijo del exsenador Julio Manzur, en declaración en la Corte Suprema, indicó que en ningún momento el exdirector Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, le habló de alguna cercanía con los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte.
Aclaró que sí se sintió intimidado por parte de Moreno a raíz de una información privilegiada que tenía el exfiscal sobre el proceso de su padre por el escándalo de la parapolítica.
Cabe recordar que la Corte Suprema también citó a declaración por el escándalo del cartel de la toga al senador del partido Conservador Hernán Andrade porque supuestamente pagó $2.300 millones de pesos.
Las declaraciones se tomarían en el marco de la investigación que la sala penal adelanta contra el senador por el caso de corrupción tras aceptar que pagó dos mil millones de pesos al ex fiscal Luis Gustavo Moreno, para frenar una orden de captura en su contra por el caso de parapolítica.
También Andrade dará explicaciones dentro del proceso en que tuvo a Moreno como abogado, que precluyó la Corte Suprema, y que se seguía por sus supuestos nexos con los hermanos Cabrera Polanco, relacionados con los robos de Cajanal.
En medio de este caso, se investigan posibles pagos a los exmagistrados de ese alto tribunal, Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos, para favorecer los procesos contra aforados.
Así mismo, se indaga si el actual magistrado Gustavo Malo, en cuyo despacho no se ha movido desde 2014 la causa contra Besaile, intervino de alguna manera, además, en supuestos pagos para nombramientos de personas en la Fiscalía General de la Nación y en Fonade, este último fortín burocrático del senador de La U, Bernardo 'Ñoño' Elías, amigo de Besaile y donde Ricaurte, cercano a Malo, tiene contratos por 700 millones de pesos. Ricaurte, además, quien ha estado 10 años saltando de una corte a otra en medio de aparentes prácticas clientelistas, tiene cercanías en el ente de control penal.