El Ejecutivo señaló que no existen estudios concluyentes sobre las afectaciones de este herbicida en la salud y medioambiente

___________

El Gobierno le pedirá a la Corte Constitucional que entre los seis requisitos que puso para que se puedan reiniciar las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos, no le exija demostrar que este herbicida no produce daño al medioambiente ni a la salud humana.

Así lo anunció ayer la ministra de Justicia, Gloria Borrero, quien explicó que en el mundo no hay estudios científicos concluyentes en uno u en otro sentido.

La Ministra indicó que en enero próximo, una vez que la Corte retorne a sus labores tras la vacancia judicial, le solicitará la realización de una audiencia pública en la cual se planteará la necesidad de flexibilizar los requisitos para reiniciar las fumigaciones aéreas con glifosato a los sembradíos de coca, las cuales fueron suspendidas en 2015 por la administración Santos por razones de precaución por los eventuales efectos de este herbicida en la salud humana y el medioambiente.

Posteriormente la Corte a través de la sentencia T-236 de 2017 estableció los requisitos para el gobierno que quisiera reactivar las fumigaciones aéreas.

Borrero dijo a La FM que “hay una sentencia de la Corte Constitucional que no prohíbe la aspersión aérea con esa sustancia si se cumplen seis condiciones, pero las cinco primeras son cumplibles, la sexta es imposible de cumplir: que se demuestre que no produce ningún daño ni al medioambiente ni a la salud. Como no hay certeza científica porque la mayoría de los estudios unos dicen que sí y otros que no, hacen imposible el uso de esa sustancia. Incluso haría imposible conceder cualquier licencia ambiental porque también una licencia ambiental produce daño al medioambiente. Lo que uno tiene que hacer es mitigar ese daño”.

“Vamos a pedirle una audiencia pública a la Corte Constitucional inmediatamente vuelvan de vacaciones, donde les vamos a contar la realidad del país, el crecimiento de estos cultivos ilícitos, el daño que esos cultivos le están haciendo al medioambiente, que le están haciendo a la economía del país, a las propias familias cultivadoras de la hoja, a todo el país en sangre, en mayor delincuencia, en atraso, para que ella pondere todos esos derechos a ver si le da una interpretación diferente a ese sexto  requisito”, agregó la Ministra.

Borrero también señaló que en cualquier caso, producto de la política antidroga de este Gobierno, denominada ‘Camino Futuro’, seguirán empleando la erradicación forzosa de manera manual así como la voluntaria, “con la cual pudimos cumplir las metas que se habían propuesto este año y las superamos un poco”.

La Ministra indicó que en la erradicación manual se ha continuado utilizando el glifosato, pero las “metas serían más ambiciosas” en la lucha contra los cultivos ilícitos si pudieran asperjar este herbicida de manera aérea y “sobre todo podríamos controlar más efectivamente la resiembra porque aquí uno erradica y los campesinos vuelven y siembran. Entonces esos batallones manuales pasan mucho tiempo después a controlar la resiembra, en cambio aéreamente podemos asperjar y a los dos o tres meses volvemos y asperjamos, y ya los campesinos deciden no volver a cultivar la mata”.

Por ello, Borrero reiteró que “vamos a insistirle a la Corte que con los protocolos, porque nos dio unos protocolos que podemos cumplir, excepto ese sexto que no lo podemos cumplir, que nos permita la aspersión aérea”.

La Corte

El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares, indicó que en el primer trimestre del próximo año será agendada la audiencia pública que el Gobierno anunció solicitará para plantear la necesidad de reactivar las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos.

Explicó el Presidente del alto Tribunal que el magistrado Alberto Rojas Ríos definirá y citará a las partes que asistirán a la audiencia con la Sala Plena.

Antes de que la Ministra de Justicia anunciara que pedirán a la Corte no exigirle el sexto requisito, precisamente el magistrado Linares dijo que “seis condiciones, pero la más importante es que haya evidencia científica de que el glifosato no produce daños en la salud ni en el medio ambiente”.

Los requerimientos que estableció la Corte para poder reiniciar las fumigaciones a los cultivos ilícitos son:

1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades.

2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada.

3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. La legislación o reglamentación pertinente deberá indicar a las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como mínimo deberá incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público.

4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad, de acuerdo con los parámetros fijados en el apartado 5.4.3.4 de esta providencia.

5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo.

6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.

Cumplen meta

Esta semana el Gobierno anunció que superó la meta prevista de 70.000 hectáreas de cultivos ilícitos, entre erradicadas manualmente y sustituidas por cultivos legales.

En cuanto a hectáreas eliminadas manualmente, las Fuerzas Armadas erradicaron 60.016 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño, Putumayo, Norte de Santander (Catatumbo) y Guaviare, con lo que se superó la meta de 50.200 hectáreas a erradicar por las Fuerzas Armadas a 31 de diciembre de 2018.

A esta cifra se suman las 27.555 hectáreas que se han sustituido por cultivos lícitos gracias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, PNIS, con lo que Colombia cuenta con 87.571 hectáreas menos en su territorio.

Así, en lo que a erradicación manual se refiere, entre el 1 de enero y el 6 de agosto de 2018, se erradicaron 29.754 hectáreas en 218 días de operación. Desde el 7 de agosto hasta el 26 de diciembre se erradicaron 30.262 hectáreas en 143 días de operación.

Las acciones fueron desarrolladas por los Grupos Móviles de Erradicación, que pasaron de 23 a 73 durante el actual gobierno. De esta manera, aumentó el promedio de hectáreas erradicadas cada día, con lo que la cifra subió de 136,5 hectáreas a 211,6 en promedio.