La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su función preventiva, elevó un control de advertencia para que las autoridades de Buenaventura den cumplimiento a la sentencia de tutela que ordenó garantizar los derechos fundamentales a la vivienda digna y la ayuda humanitaria de la comunidad indígena de Valledupar del Pueblo Wounaan Nonam. 

A través de una comunicación, enviada a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba; y a la secretaria de Gobierno, María Liliana Vivas Paz, el Ministerio Público solicitó adoptar acciones concretas que brinden las condiciones de bienestar a los 18 núcleos familiares que conforman la comunidad.

En el mismo sentido, la Provincial de Instrucción de Buenaventura recordó que el grupo mencionado se encuentra en condición de desplazamiento, que el fallo inicial fue proferido desde agosto de 2023, y que se debe actuar de conformidad con el incidente de desacato de enero de 2024.

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Finalmente, la entidad requirió a las servidoras del distrito gestionar lo pertinente al ejercicio de sus funciones y dio un plazo que no deberá superar los cinco días para enviar la información sobre lo adelantado.