Con el objetivo de proteger la vida y bienes de los ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a los alcaldes, gobernadores, directores de corporaciones autónomas regionales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a formular de manera prioritaria acciones para garantizar la gestión del riesgo de desastres frente a la ola invernal y el fenómeno de La Niña.
En la Circular 005 de agosto de 2022, el ente de control recordó que cada municipio y distrito debe complementar sus estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo e incorporarlos en sus instrumentos de planeación territorial y estar permanentemente consultando la información, los mapas y las alertas generadas por las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), es decir, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la UNRGD, la Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.
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En desarrollo de su acción preventiva, la Procuraduría advirtió que, dada la inminencia de mayores afectaciones por la temporada invernal, estas son las 6 obligaciones complementarias que deben cumplir las autoridades nacionales, municipales, distritales y departamentales:
- Convocar periódicamente los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres.
- Fortalecer sus organismos de socorro.
- Apropiar recursos para financiación de los procesos de conocimiento, mitigación del riesgo y atención de emergencias, según los niveles de riesgo identificados en los estudios básicos y detallados.
- Establecer acciones de mitigación ligadas a los instrumentos de ordenamiento territorial.
- Realizar, en caso de una emergencia, la evaluación de daños y análisis de necesidades y el Registro Único de Damnificados, con el fin de evaluar la capacidad del municipio o distrito para afrontar la situación o activar el apoyo requerido del departamento o la Nación.
- Gestionar apoyo de la Nación para los procesos de mitigación y atención de los desastres.
La Procuraduría continuará exigiendo a alcaldes, gobernadores y demás autoridades la formulación e implementación de acciones necesarias en materia de mitigación del riesgo y manejo de desastres, con el fin de disminuir el impacto de los fenómenos naturales en la población.