El exmilitante del M-19 José Otty Patiño presentó una tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por reducir su esquema de seguridad. En resultado de esta, la Corte Constitucional decidió darle dos meses de plazo a la UNP para evaluar el riesgo de seguridad que enfrenta Patiño.

De acuerdo al exmilitante, este ya ha recibido amenazas que atentan su integridad personal. En la tutela Patiño señaló que en un informe del Ministerio de Defensa se comunicó que él fue calificado como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de 'Iván Márquez'.

Asimismo, señaló que actualmente es testigo en la investigación del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez y que por algunas de sus declaraciones ha tenido problemas.

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Por otro lado, según Patiño, en los últimos años su esquema de seguridad consistió en un vehículo blindado y dos escoltas armados con pistolas 9 mm y celulares para su comunicación, no obstante el 7 de septiembre de 2020, un funcionario de la UNP le comunicó la reducción de su esquema.

Es así como decidió colocar la tutela ante el informe de uno de sus escoltas el 2 de octubre de 2020 donde notó movimientos sospechosos en torno a su residencia. 

Al estudiar el caso, la Corte dijo que la UNP desconoció el derecho a la seguridad personal de Patiño "al disminuir el esquema de protección pese a que el nivel de riesgo no se redujo y por no adelantar un nuevo estudio tras el incidente de seguridad que sufrió luego del reajuste de su esquema de protección".

En ese sentido, el alto tribunal reiteró que la UNP tiene el deber de argumentar debidamente "sus determinaciones con conceptos técnicos especializados que motiven la decisión de otorgar, modificar o finalizar medidas de seguridad".