Más de $260 mil millones asignó el Ministerio de Salud y Protección Social a Empresas Sociales del Estado, administradores de infraestructura pública e instituciones prestadoras de servicios de salud mixtas para el pago de obligaciones surgidas durante este año con el talento humano, tanto de planta como contratista.
De acuerdo con la Resolución 2017 de 2020, son 513 Empresas Sociales del Estado del orden territorial y cinco administradores de infraestructura pública de propiedad de las entidades territoriales e instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter mixtas las que se benefician de los $260.556 millones dispuestos del presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social.
De acuerdo con el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, estos recursos se suman a los $213 mil millones que ya se habían asignado en el segundo trimestre del año a las 922 IPS públicas para atender obligaciones laborales como pago de nómina y de prestación de servicios durante esta vigencia.
Con estos recursos, informó el Ministerio, los 37 territorios favorecidos pueden responder a las necesidades de atención de la población en temas de bienestar de los trabajadores de la salud; direccionar el recaudo de recursos propios para cubrir las deudas de vigencias anteriores que tengan con el personal o compra de insumos y suministros necesarios para la atención de pacientes, entre otras.
La cartera explicó que a todas las instituciones se le gira el dinero asignado a una cuenta bancaria con destinación específica para el manejo de este rubro en particular, los cuales son destinados para el pago de:
- - Asignación básica, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, primas de ley y vacaciones.
- - Seguridad social de la planta de personal (aportes patronales y descuentos realizados al personal).
- - Honorarios de contratistas, personas naturales o jurídicas.
Las Empresas Sociales del Estado, Secretarías Departamentales y Distritales de Salud o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, tienen la obligación de garantizar la ejecución técnica y financiera de esta Resolución, en los términos que fue presentado y considerado pertinente por parte del Ministerio.
Además, las instituciones deben presentar dentro de los diez primeros días hábiles del mes un informe vía correo electrónico sobre la ejecución del proyecto al Ministerio de Salud y Protección Social.