Con suspensión de 11 meses fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación el exgobernador de Córdoba Edwin José Besaile Fayad, y con destitución e inhabilidad general por 13 años el exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán.

Ambas decisiones están relacionadas con irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia y/o von Willebrand, en el marco del escándalo de corrupción que coloquialmente se ha conocido como el ‘Cartel de la Hemofilia’ en el departamento de Córdoba.

El órgano de control estableció que el exmandatario departamental solicitó la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de esta institución.

Así mismo, encontró el Ministerio Público que Besaile no impartió instrucciones y no realizó seguimiento, orientación, vigilancia y control jerárquico sobre el uso de esos recursos, pese a las advertencias previas presentadas por la Contraloría General de la República en las cuales se evidenciaron irregularidades en los controles para ordenar los pagos de medicamentos, que no permitían tener certeza de la real prestación del servicio.

En fallo de primera instancia se calificó la falta del exgobernador como grave a título de culpa grave.

El Ministerio Público aclaró que a la suspensión de 11 meses se le agrega el descuento de seis meses de suspensión provisional que había sido decretada en la etapa de investigación, y el tiempo restante será convertido en salarios de acuerdo a lo devengado para la época de los hechos.

En el caso de Pareja Alemán, la Procuraduría comprobó que ordenó el pago mediante la Resolución 00008 del 16 de mayo de 2016 sin realizar los controles efectivos, pese a haber sido informado de las observaciones del ente de control fiscal, que evidenciaron inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles existentes en la secretaría, los cuales no permitían tener certeza del servicio facturado por la IPS, generando un grave daño social y un detrimento patrimonial al Estado.

La falta del exsecretario de Desarrollo de la Salud fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental y violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

En la decisión, la Procuraduría absolvió al exsecretario de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera, María Eugenia Ferreira Chaar, al encontrar que para efectuar el pago a la IPS surtieron el procedimiento establecido consistente en verificar la existencia previa de un certificado de disponibilidad presupuestal y un acto administrativo que ordenaba el pago, cuyo trámite había estado a cargo de la dependencia respectiva. Además, no mediaba alguna orden que evitara realizar la transferencia.

En enero del año pasado la Procuraduría General comunicó el fallo de segunda instancia en que sancionó a Besaile con destitución del cargo e inhabilidad de 10 años, así como a su antecesor Alejandro Lyons Muskus, por haber ordenado el pago de $4.988 millones para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que existiera contrato entre la Gobernación de Córdoba y Funtierra Rehabilitación IPS.

Proceso penal

El exgobernador Besaile afronta en la Corte Suprema un juicio por el robo a los recursos de la salud que se presentó en su administración y en la de su antecesor Alejandro Lyons en Córdoba.

En el escrito de acusación que la Fiscalía General radicó ante la Corte indica que se registró en este departamento un concierto criminal en el que se pactó el pago de dineros a la IPS San José de la Sabana por la atención de pacientes con hemofilia que nunca existieron.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, Besaile, aún consciente de las alertas hechas por parte de la Contraloría y otros organismos de control, e ignorando las advertencias de los funcionarios de la Gobernación sobre las presuntas anomalías en el manejo de los dineros, habría viabilizado el pago de $1.525’045.600 a la mencionada IPS, en retribución a los dineros que le habrían sido entregados para la financiación de su campaña a la Gobernación.

Por estos hechos, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Edwin Besaile por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, en calidad de coautor, y concierto para delinquir en condición de autor.