UN FISCAL delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez - Correa Glen, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron el tramo Ocaña - Gamarra al proyecto vial.

La exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes.

La audiencia de acusación será programada en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, informó la Fiscalía.

En julio pasado, el ente investigador presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a la exministra de Transporte y le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por la exfuncionaria en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.

Álvarez, como cabeza de la cartera de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, avaló la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar) al proyecto vial.

Las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley, según la investigación que adelantó la Fiscalía.

Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol II, que era conectar el centro del país con la Costa Caribe. “Por el contrario, era una obra transversal que tenía una orientación oriente – occidente. En ese sentido, debía gestionarse un nuevo proceso de contratación por licitación pública”, señala la Fiscalía.

El ente acusador determinó que, “para intentar subsanar algunas de estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al Conpes para declarar importancia estratégica la autopista Ruta del Sol y modificar el plan de inversión”.

Por otra parte, se estableció que para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria Ruta del Sol instalar dos estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

“Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria Ruta del Sol y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la Ruta del Sol II”, de acuerdo con la Fiscalía.

Así mismo, según la investigación, Álvarez tendría intereses particulares y no podía intervenir en la adición del tramo Ocaña – Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos y eran accionistas varios familiares de su pareja, la exministra Gina Parody.

Procuraduría archivó caso

El Ministerio Público en abril del año anterior dejó en firme la absolución en 2018 de las exministras Álvarez y Parody, pues no encontró probado que hubieran incurrido en conflicto de intereses al participar en la aprobación del Conpes 3578 de 2013, en que se determinaron planes para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y el Conpes 3571, que declaró de importancia estratégica la Ruta del Sol.

“Luego del análisis de la conducta que le fue imputada a las disciplinadas, de revisar el material probatorio y decantar el concepto de conflicto de intereses a partir de un repaso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la Procuraduría concluyó que el interés que podía existir no era directo y, por tanto, no se cumplían las condiciones para determinar un conflicto de intereses y la comisión de una eventual falta disciplinaria”, indicó la Procuraduría.

El escándalo de Odebrecht es uno de los peores casos de corrupción en la historia del país, el cual salió a flote en 2017 porque la justicia de Estados Unidos informó a la Fiscalía que esta multinacional brasileña entregó millonarios recursos a políticos y funcionarios para quedarse con contratos de obra pública.