Juez dio vía libre a principio de oportunidad con Luiz Antonio Bueno, Luiz Eduardo da Rocha y Luiz Antonio Mameri

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Son $18.900 millones, a título de indemnización, los que Luiz Antonio Bueno, Luiz Eduardo da Rocha y Luiz Antonio Mameri, ex directivos de la multinacional brasileña Odebrecht, luego de que un juez les aprobara el principio de oportunidad negociado con la Fiscalía.

Los empresarios, acusados por la conducta punitiva de cohecho por dar u ofrecer, se disculparon con la ciudadanía por los actos de corrupción que protagonizaron para la multinacional en Colombia y se comprometieron a contar la verdad en procesos en que sean requeridos.

Los ex funcionarios están implicados en la entrega de 6,5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García, hoy condenado por esos hechos. Dicho pago, que hace parte del paquete de los 11,1 millones de dólares que en diciembre de 2016 fue revelado por la justicia de los Estados Unidos sobre las actuaciones delictivas de Odebrecht en Colombia, también tiene en líos con la justicia a los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur.

Se espera que los brasileños declaren en el juicio que se sigue contra el exgerente de Corficolombiana, José Elías Melo, y cuyas primeras audiencias se iniciarían el 21 de enero.

El acuerdo que cobija a Mameri, Da Rocha y Bueno se extenderá por un plazo de dos años, tiempo en el que se suspende toda acción penal en su contra.

Ayer, durante la audiencia, el delegado de la Contraloría General consideró que la entrega de dinero es un “hecho sin precedentes”, destacando que lo logrado es “fruto de un trabajo coordinado entre los entes de control y la Fiscalía”.

Multa

El pago de $18.900 millones no involucra a Odebrecht, que en diciembre fue condenada a pagar, junto con sus socios en la Ruta del Sol 2, $800.000 millones, de acuerdo con sentencia proferida en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tal como lo publicó entonces EL NUEVO SIGLO, esa decisión respondió a una acción popular de enero de 2017 en la que el procurador general, Fernando Carrillo, solicitó medidas cautelares para garantizar la viabilidad del proyecto Ruta del Sol 2.

El fallo de más de 300 páginas suspendió definitivamente ese contrato, luego de que se estableciera que fue adjudicado a través del pago de sobornos.

Aparte de ordenar el embargo de las cuentas bancarias, bienes y dividendos obtenidos por las empresas implicadas, el despacho judicial declaró responsables por corrupción a varias personas que participaron en ese contrato, algunas ya condenadas o bajo investigación de la Fiscalía.

Entre ellas figuran el exviceministro García, el exsenador Otto Bula, el expresidente de Corficolombiana (propietaria de Episol, socia de Odebrecht) José Elías Melo y los tres ex directivos a los que se les aprobó ayer el principio de oportunidad.

El tribunal también declaró responsable a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El dinero de la indemnización, según el fallo, solo podrá usarse para finalizar la construcción de la Ruta del sol 2.

“Esta cifra (...) supera algo más de 22 veces los 11 millones de dólares que inicialmente ofreció la multinacional, para recibir beneficios en sus procesos penales, disciplinarios y fiscales en Colombia”, sostuvo la Procuraduría en un comunicado divulgado entonces.

Tras conocer la sanción, Odebrecht en Colombia indicó en un boletín que apelará la sentencia y que continuará trabajando con las autoridades “para seguir coadyuvando con las investigaciones en curso”.

Por su parte, Episol aseguró que “disiente de la decisión” y estudia recursos legales a su disposición.

En 2016, la firma brasileña reconoció ante la justicia estadounidense haber obtenido jugosos contratos mediante sobornos a políticos y funcionarios, en una práctica que siguió en 12 países, incluido Colombia.

Hasta el momento, seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por al menos 32,5 millones de dólares, según la Fiscalía.

Ad Hoc

La Corte Suprema de Justicia nombró al abogado Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc para investigar algunos de los procesos relacionados con esa trama corrupta en el país, luego de que tanto el fiscal general Néstor Humberto Martínez como la vicefiscal María Paulina Riveros se declararan impedidos.

Esta semana, el procurador Carrillo le ofreció a Espinosa su colaboración en las investigaciones que su despacho viene llevando.

“Son 12 líneas de investigación que tiene la Procuraduría, ofreceremos la colaboración en el caso particular. Casos en que la Fiscalía Ad Hoc se va a ocupar de este asunto, pero es una reunión para, en el caso nuestro, ofrecerle toda la colaboración del Ministerio Público”, explicó Carrillo.

Entre las investigaciones disciplinarias que abrió la Procuraduría por las millonarias coimas que pagó la multinacional brasileña, figura una que aperturó en noviembre de 2017 al exsenador Antonio Guerra, de Cambio Radical, “por presunta recepción de dineros por parte de Odebrecht para la adjudicación de proyectos, y por su gestión para la consecución de recursos que financiaran el tramo Ocaña – Gamarra (Otrosí No. 6 Concesión Ruta del Sol 2), la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto lobby ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera”, indicó el organismos de control.

También en noviembre de 2017, el Ministerio Público abrió investigación al exsenador Plinio Olano, de La U, y al actual representante Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, “por presuntamente haber recibido dineros de parte de la firma Odebrecht para la adjudicación en 2012 de proyectos que beneficiarían a la multinacional, como la Concesión Ruta del Sol II”, señaló la Procuraduría.

Asimismo en julio pasado, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al exviceministro de Asuntos Agropecuarios, Luis Miguel Pico, por presuntas irregularidades en la suscripción del otrosí No. 6 de la Ruta del Sol.

También la Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias por el caso Odebrecht al exsenador Bernardo Elías (La U) y al exministro Miguel Esteban Peñaloza. En tanto que a mediados del año pasado archivó la investigación que por este escándalo abrió a las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por presunto conflicto de interés.