Por tres ocasiones consecutivas la multinacional brasileña Odebrecht ha ofrecido al Estado colombiano pagarle una indemnización a cambio de que las autoridades cesen las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en su contra y de sus servidores por las coimas por cerca de $83.000 millones que entregó a funcionarios y políticos para lograr quedarse con varios contratos de obra pública.

Al respecto Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Veedores sin Fronteras, dijo a EL NUEVO SIGLO que “en Colombia lo que debe es asumir las consecuencias penales y la imposibilidad de contratar. Es decir, parece es que quiere pagar las sanciones que le imponga el Estado colombiano con la propia plata que le saquen al Estado colombiano a través de modalidades contractuales futuras, lo cual es completamente absurdo y además ilícito”.

En noviembre pasado un emisario de la compañía ofreció $106.000 millones en una reunión con las autoridades que tuvo lugar en Bogotá, la cual fue rechazada por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

La vicefiscal María Paulina Riveros indicó que la propuesta fue analizada “y de manera unánime las tres entidades la rechazamos”.

La oferta de $106.000 millones como indemnización a Colombia por este escándalo de calibre mayor fue realizada por el director regional de Odebrecht para Colombia y Ecuador, Félix Guedes Martins.

Riveros detalló que con la propuesta Odebrecht pretendía además frenar “los procesos fiscales, procesos administrativos, procesos disciplinarios” y los que se desarrollan ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Vicefiscal indicó que de cara a un eventual acuerdo con Odebrecht no están contemplados beneficios distintos a los penales. De hecho destacó que se están tramitando cuatro principios de oportunidad para ejecutivos de esta compañía investigados por las coimas que pagó en Colombia.

Para la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría la multinacional debe responder en los diferentes frentes de investigación y acciones que han sido impetradas por sus actuaciones irregulares.

En diciembre pasado, al resolver una acción popular interpuesta por la Procuraduría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró a Odebrecht culpable por hechos de corrupción relacionados con la Ruta del Sol 2 y condenó a la multinacional a pagar una multa de $800.000 millones.