Sin embargo, las talanqueras a la corrupción no dependen solo de leyes, requieren principalmente de voluntad política, sostuvo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia
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Se requieren instrumentos más precisos que permitan que los riesgos de corrupción se mitiguen de manera más eficiente, dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
“No tenemos una legislación detallada que nos permita anticiparnos con todas las incertidumbres que representan los tiempos de crisis” como el de la emergencia por el coronavirus, expuso Hernández, reconociendo que “estamos en una situación sin precedentes, por lo menos para este tiempo contemporáneo”.
No obstante, dijo, “creo que necesitamos aprovechar este contexto para seguir fortaleciendo nuestros instrumentos de gestión pública” anticipando en lo posible a crisis que pueden sobrevenir con una pandemia “al igual que un terremoto, al igual que un huracán, al igual que una tragedia de carácter ambiental, que van a necesitar instrumentos de emergencia”.
La tarea, precisó Hernández, se puede hacer poniéndole “decisión política y voluntad política. Y eso no requiere una gran reforma normativa legislativa”. Reiteró que “no tienen que esperar a que haya una gran reforma normativa para que dentro de los lineamientos de contratación que están poniendo en marcha aseguren que hay unas guías supremamente importantes”.
EL NUEVO SIGLO: El Procurador alertó que a la Ley de Transparencia le hace falta ser más explícita para tiempos de crisis. ¿Está de acuerdo?
ANDRÉS HERNÁNDEZ: Efectivamente no tenemos una legislación detallada que nos permita anticiparnos con todas las incertidumbres que representan los tiempos de crisis para desarrollar un proceso de contratación pública que se acomode a todas esas particularidades.
Es muy difícil legislar en situaciones específicas y mucho más, en términos de una pandemia como esta, que difícilmente hubiéramos podido planear desde ese punto de vista legislativo con mucha anticipación y precisión.
Creo que estamos en una situación sin precedentes, por lo menos para este tiempo contemporáneo.
ENS: ¿Pero existen instrumentos?
AH: Son aquellos que responden a la urgencia manifiesta, a la contratación directa, pero el punto del Procurador es que esos mecanismos terminan dejando mucho espacio en la discrecionalidad. Por lo tanto, permiten que muchas alertas y riesgos de corrupción se terminen materializando y que vayan con la misma rapidez con que le damos a las autoridades la posibilidad de contratar de manera ágil.
En ese sentido tendríamos que contar con unos instrumentos más precisos, que por un lado le permitan a las autoridades y a las instancias contratantes responder a esas situaciones. Y al mismo tiempo que haga posible que los riesgos de corrupción se mitiguen de forma mucho más eficiente.
ENS: ¿Qué deja como lección?
AH: Hacia delante pueden surgir muchas cosas. Creo que lo que nos está mostrando esta crisis es que una pandemia puede volver a ocurrir en cualquier otro momento, al igual que un terremoto, al igual que un huracán, al igual que una tragedia de carácter ambiental, que van a necesitar instrumentos de emergencia. Entonces, creo que necesitamos aprovechar este contexto para seguir fortaleciendo nuestros instrumentos de gestión pública.
ENS: ¿Cómo enmendar esa deficiencia en la Ley de Transparencia?
AH: Tenemos dos herramientas, casi que tres.
La primera, como en todos los temas de prevención de riesgo de corrupción, a esto hay que ponerle decisión política y voluntad política. Eso no requiere una gran reforma normativa legislativa. Aquí, si todos estamos conscientes que hay unos riesgos en términos, por ejemplo, de contratación directa en épocas de emergencia manifiesta, la decisión común debe ser que esos riesgos tienen que mitigarse y llevarse a cero.
Pero, por supuesto, que la voluntad política no es suficiente y en muchos casos no es posible evidenciarla de manera tan ágil.
ENS: ¿Cuál sería una segunda herramienta?
AH: Hay unos instrumentos de gestión pública, como por ejemplo: Compra Eficiente ha emitido algunas recomendaciones, unas guías de transparencia.
Tenemos instrumentos que permiten al tomador de decisiones establecer unos parámetros para que las contrataciones y las ayudas se hagan de manera adecuada.
Entonces no tienen que esperar a que haya una gran reforma normativa para que dentro de los lineamientos de contratación que están poniendo en marcha aseguren que hay unas guías supremamente importantes.
ENS: Faltaría solo ponerlos en práctica…
AH: Que los contratos que se firmen estén claramente vinculados a la urgencia manifiesta. Esos son requisitos de Ley, pero digamos, como en medio de esta dificultad esos controles se flexibilizan, este es un tipo de medidas que las entidades ejecutoras deberían estar observando permanentemente: que se mantengan, por ejemplo, los padrones de beneficiarios de ayudas actualizados, verificados y depurados. Eso tampoco requiere una Ley de la República. Es un tema de gestión.
ENS: ¿Qué se debe verificar?
AH: Hay que verificar, por ejemplo, si son personas que estaban financiando campañas; ahora, lo que están haciendo es llegando a un escenario que de alguna manera se les está devolviendo el favor. Que verifiquemos la idoneidad de las empresas, las personas jurídicas o naturales, con las cuales estamos contratando. Todo eso no requiere cambios normativos. Es un instrumento que los tomadores de decisiones en el día a día tienen.
ENS: ¿Cuál sería una tercera herramienta?
AH: Lo último es el ajuste normativo que, en general, en el país somos muy conscientes que los riesgos de la corrupción no se resuelven con una varita mágica ni con una ley que lo recoja todo. Eso es casi imposible. Pero sí que sigamos cerrándoles los espacios a las oportunidades de corrupción. Y ahí, ojalá podamos recolectar las lecciones aprendidas en este proceso para identificar las vulnerabilidades y poder atacarlas.
Un ejemplo sobre esto es el tema de contratación pública internacional y cómo fue necesario ajustar unos instrumentos legislativos para que las entidades pudieran comprar de manera ágil proveedores internacionales.
Eso está bien para atender la urgencia manifiesta, pero al final no sabemos si fueron los procedimientos más efectivos para adquirir los productos, además de la calidad que se requería.
Allí, por ejemplo, hay un espacio que tendríamos que entrar a detallar y poder considerar en nuestra legislación y actuar de una manera más eficiente.