De enero a octubre en esta región ocurrieron 19 desplazamientos que afectaron a 7.731 personas.

Las vulneraciones a los derechos humanos en 10 municipios de la costa pacífica nariñense, una región que hace un año la Corte Constitucional ordenó proteger, continúan, alertó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Funcionarios de la entidad estuvieron durante varios meses con los pobladores de El Charco, Magüí Payán, Barbacoas, Tumaco, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera (Satinga) y establecieron que persisten las situaciones de riesgo en ese territorio.

En el Auto 620 de 2017, la Corte Constitucional ordenó que se adopten “medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena de la costa nariñense” y solicitó a la Defensoría del Pueblo que diera a conocer las medidas.

A través de 27 talleres, la entidad recorrió la región, y se confirmó la ausencia de soluciones y que continúa la ocupación de corredores estratégicos de movilidad por parte de hombres armados que han generado desplazamientos; enfrentamientos y ocupación de la zona por parte de grupos disidentes como el frente Oliver Sinisterra, FOS, y las Guerrillas Unidas del Pacífico.

También el confinamiento y las dificultades para la pesca y el desarrollo de la agricultura, así como extorsiones y amenazas; presencia de hombres armados en el territorio involucrados en el incentivo del consumo de drogas entre los jóvenes; así como presencia de cultivos de coca y cocinas en territorios colectivos y resguardos indígenas de la zona.

En igual sentido, las comunidades se refirieron a que las medidas de atención, reparación integral y garantías de no repetición han sido insuficientes, persiste el desplazamiento, los riesgos para la comunidad y la marginalidad por la falta de presencia institucional y el déficit de atención.

Estos talleres se realizaron con el apoyo de la Cooperación Internacional Usaid; Consejo Noruego para Refugiados, CNR; Agencia de la ONU para Refugiados, Acnur; Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAP – OEA, y la Unidad para las Víctimas, Uariv.

Para la Defensoría del Pueblo es urgente que haya un trabajo en realidad efectivo entre las autoridades y los gobiernos nacional y local, para que la población goce de sus derechos.

Durante esta semana, el defensor Negret, lideró una visita humanitaria al “Andén Pacífico” en la que recorrió varios municipios del Cauca, Valle del Cauca y Nariño para visibilizar las graves situaciones que enfrentan las comunidades de la zona, las víctimas y grupos étnicos, entre otros.