A finales de la semana pasada, ProBogotá Región presentó el “Informe Anual de Seguridad en Bogotá 2021: seguridad en la pospandemia” en el que se analizó el comportamiento en este tema en la ciudad durante el año en el que los bogotanos volvieron a salir a las calles, tras los confinamientos impuestos por la emergencia sanitaria derivada del covid-19. Este documento emitió15 alertas y varias recomendaciones para que sean atendidas durante 2022. ¿Cuáles son?

EL NUEVO SIGLO habló con el director de Seguridad Urbana de ProBogotá, César Restrepo, quien analizó el panorama de inseguridad en la capital del país, y se refirió a las acciones que debe implementar el Distrito para atender esta crisis.

EL NUEVO SIGLO: El informe que publicaron, denominado “Claves para la gestión de seguridad en el 2022”, tiene unas recomendaciones para este año. ¿Cuáles son?

CÉSAR RESTREPO: La primera tiene que ver con el entorno. El espacio público está muy deteriorado y está tendiendo a deteriorarse más. Esta ciudad está en obra y perdió su capacidad de gestión de la basura, se deterioró en sus parques, en sus ornamentos, y todo hace sentir al ciudadano supremamente inseguro, y les genera un espacio a los delincuentes para que puedan actuar más fácilmente. Por lo tanto, la primera clave para la gestión de la seguridad deberá ser la recuperación del territorio.

La segunda categoría, y que recoge varias de las claves que reunimos en nuestro informe, está relacionada con las capacidades para prestar el servicio de seguridad. Me quiero dedicar a dos claves en específico: el pie de fuerza y la integración de las capacidades públicas y privadas.

Con relación al pie de fuerza, este sigue siendo insuficiente. La Alcaldía llama la atención sobre el hecho de que ha traído 1.500 policías en la gestión que se ha adelantado con el Gobierno nacional y que se están financiando unas becas, pero el problema con el pie de fuerza no se solucionará con becas. Hay que pensar en un mecanismo de cofinanciación para el pie de fuerza que le permita a Bogotá tener por lo menos 10 mil policías más. En el entretanto, la gestión de la seguridad será: “para taparse la cara hay que destaparse los pies”.

ENS: ¿Y a qué se refiere ProBogotá con la integración de las capacidades públicas y privadas?

CS: Con relación a las capacidades públicas y privadas, a su integración, en Bogotá hay por lo menos 160 mil vigilantes privados permanentemente desplegados y eso podría, en una muy buena articulación, generar una malla de vigilancia mucho más robusta y efectiva. Ahí hay un punto en capacidades que es muy importante sacar adelante y en el que la tecnología (a lo que la Alcaldía le ha apostado de manera inteligente) puede jugar un papel muy importante.

También están los establecimientos para la reclusión de personas. El hacinamiento es la cuota inicial de una violencia descontrolada. Con la nueva ley de seguridad ciudadana y ante la inexistencia de esas infraestructuras, la presión va a ser más alta y el riesgo va a aumentar.

Por supuesto, debe haber una mayor coordinación entre los mecanismos de aplicación de la justicia (Fiscalía y jueces) y la Policía Nacional. Mientras eso no pase la ley no se va a aplicar de manera efectiva, lo que conlleva a una pérdida de las instituciones.

Y algo muy importante: la autoridad local tiene que dejar de desprestigiar a la Policía Nacional y tiene que dejar de tener una confrontación con el Gobierno nacional. Los espacios que se generan en estas luchas políticas entre la Administración local contra las autoridades policiales, ahí es en donde el crimen tiene un margen amplio para florecer feliz. Hay más recomendaciones, pero estas recogen el espíritu de las otras.

Deterioro

ENS: ¿La seguridad se deterioró más en 2021 que en otras ocasiones?

CS: Siempre hay deterioro de la seguridad. El asunto es que antes el tema era menos intenso porque la discusión no estaba politizada y todo el mundo estaba apostando a resolver el problema. Pero la politización de volver a la Policía el enemigo de la ciudadanía y no, por el contrario, el principal llamado a colaborar en la construcción de seguridad (esa es su misión), le ha dado una relevancia inusitada a este deterioro.

No debe cogerse a la Policía Nacional como una moneda de transacción de politiquería porque eso lo que hace es destruir cualquier espacio para resolver la inseguridad. La señora Alcaldesa condujo y presionó una separación entre el ciudadano y las autoridades, y ahí es en donde está creciendo la maleza del crimen de manera significativa.

Y hay un elemento nuevo: el regreso al espacio público y a la ciudad después de la pandemia nos hizo retornar a estos espacios más vulnerables. Y esa vulnerabilidad se expresa en un sentimiento de inseguridad que está estructurado, no solo por hechos criminales, sino por las debilidades emocionales que nos generaron golpes familiares, económicos, aislamiento, etc. Nos sentimos más vulnerables; eso no significa que no haya criminalidad pero sí da un matiz en el contexto. La percepción es el determinante de cómo es el estado de ánimo de una ciudad y el ciudadano se está sintiendo inseguro.

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ENS: ¿Pero qué está pasando con la seguridad?

CS: Yo te diría que el microtráfico es un motor de crimen y violencia. En un país en donde se ha aumentado la producción de cocaína a más de mil toneladas y en donde los mercados internos se han disparado vía la naturalización del comercio de drogas, eso les ha dado espacio a los criminales para que aumenten la violencia.

Decir eso es muy impopular, porque la mayoría de la gente está enredada en una discusión sobre el fracaso en la lucha contra el narcotráfico, pero realmente lo que hay que decir es que en este momento el narcotráfico es el gran cajero electrónico del crimen y lo que ello está significando es un mayor aumento de la violencia en delitos que antes no tenían tantos niveles de, valga la redundancia, violencia. Es la mezcla de todas esas cosas.

ENS: ¿Y de ahí el incremento en el homicidio que, de acuerdo con su informe, aumentó en un 8,8%(1.128 casos)?

CS: El homicidio es el resultado de un sistema criminal que está funcionando de manera exitosa o no. A qué voy: cuando baja el homicidio, lo que uno puede observar es que el control del delito en general está siendo efectivo. Pero cuando este indicador sube, es cuando uno puede plantear que la gestión del crimen y del delito está siendo deficiente.

Y, por cierto, hay que decir que, incluso en el encierro de la pandemia, este indicador no cayó. Eso nos muestra que, si bien la percepción es algo que tenemos que tener en cuenta, en Bogotá no estamos logrando descifrar las claves del crimen. Y esas claves, cierro la idea con esta reiteración, se traducen en el aumento de los homicidios.

El año pasado más del 40% de los homicidios fueron por sicariato, y este es un fenómeno que ocurre por una incidencia muy grande del crimen, o porque una parte de la ciudadanía decide resolver los problemas a través del uso de la violencia. Eso es lo que no hemos podido descifrar y que como sociedad tenemos que resolver. Y digo como sociedad porque ese no es un trabajo estricto de las sociedades.

Atentado en Ciudad Bolívar

ENS: Dos atentados en menos de 15 días a estaciones de Policía en Ciudad Bolívar, ¿es un tema o un hecho de seguridad nacional?

CS: Yo no lo veo como un asunto de seguridad nacional sino de carácter local. Que haya ocurrido este acto terrorista es la prueba reina de que fracasamos en la prevención del hecho, lo que significa que la ciudad ha logrado albergar, a estas alturas del partido, redes que se pueden coordinar para ejecutar actos terroristas. En tal medida, lo más importante es desmantelar la red y por eso digo que es un asunto local.