Durante una visita realizada entre el 22 y el 26 de abril a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, el Defensor del Pueblo observó que la situación de vulneración de derechos de los niños wayús está empeorando debido a la falta de acción y eficiencia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El equipo de profesionales de la entidad evidenció que los menores de cinco años no están recibiendo los servicios de atención a la primera infancia del ICBF desde el 15 de diciembre del 2023. Son cerca de cinco meses sin recibir atención integral, incluido el complemento nutricional. Algunos de ellos tendrían desnutrición y bajo peso, motivo por el cual les fue activada de manera inmediata la ruta de atención.

“Niños wayús entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclama Camargo Assis.

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as instituciones educativas cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pero no tiene la cobertura para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA). En muchos casos, los docentes tratan de reducir las porciones para que todos los niños puedan comer algo, ya que muchos solamente van por el alimento a la escuela, y en algunos casos es su única comida del día.

Las autoridades de la comunidad manifestaron que las minutas del PAE no tienen en cuenta los usos y costumbres de la comunidad Wayú.

Las comunidades visitadas refieren que el kit educativo, el cual consta de cinco cuadernos, regla, lápiz, borrador, resma, colores, etc., fue entregado por última vez en julio de la vigencia pasada.

Los NNA que no cuentan con transporte escolar deben desplazarse caminando o en moto, recorriendo distancias hasta de dos horas. Se estima que alrededor del 80% de quienes terminan básica primaria no continúa con sus estudios en razón a que debe acudir a centros educativos más lejanos y de difícil acceso.

Hace más de seis años que la Corte Constitucional, con la Sentencia T-302 de 2017, declaró el estado de cosas inconstitucional para que el pueblo Wayú tenga una protección especial de varios de sus derechos fundamentales; sin embargo, la respuesta institucional no ha sido la esperada.