El Juzgado Octavo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá negó la tutela que buscaba nombrar un rector encargado en la Universidad Nacional, tras considerar que la elección de Ismael Peña se realizó conforme a la ley y a los reglamentos internos de la institución.

Johanna Castiblanco Puentes, empleada pública de carrera en la Universidad Nacional y profesional vinculada a la Vicerrectoría de Investigación, presentó la tutela en contra del Consejo Superior Universitario (CSU). La mujer argumentó que sus derechos fundamentales al trabajo, la salud, el mínimo vital y la personalidad jurídica fueron vulnerados con la designación de Peña, alegando que no había certeza sobre la legalidad del nombramiento.

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La controversia comenzó cuando, a pesar de que Peña fue elegido como rector el 21 de marzo por el CSU y se posesionó oficialmente el 2 de mayo en una notaría, surgieron cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. El Ministerio de Educación intervino, ordenando al CSU que nombrara un rector encargado mientras se resolvía la situación, una medida que fue percibida por algunos como una amenaza a la autonomía universitaria.

El fallo del juzgado rechazó la tutela presentada por Castiblanco, afirmando que "No sería procedente el amparo con el fin de ordenarle al Consejo que designe un representante legal, cuando su formalización se adelantó conforme a la normatividad fijada en la ley y reglamentos internos de la Universidad". Además, el fallo subrayó que no existían pruebas suficientes que demostraran que los derechos de Castiblanco habían sido afectados de manera tangible.

Esta decisión judicial se suma a un panorama complejo en la Universidad Nacional, donde el nombramiento de Peña ha generado un debate sobre la autonomía institucional y la intervención del Gobierno en las decisiones universitarias. La ministra de Educación, Aurora Vergara, se declaró impedida para seguir interviniendo en el caso, delegando las funciones de inspección y vigilancia al ministro de Cultura, Juan David Correa, quien ha emitido resoluciones para que se nombre un rector encargado, enfrentándose a la resistencia del CSU.

La situación se complicó aún más cuando la Procuraduría General de la Nación respaldó la legalidad del nombramiento de Peña, contraviniendo la postura del Ministerio de Educación. La incertidumbre persiste, con el CSU sesionando sin poder llegar a una votación definitiva para designar un rector encargado, pese a las amenazas de sanciones económicas por parte del Gobierno.

El jurista Andrés Felipe Pachón argumentó que las acciones del Ministerio podrían constituir un acto ilegal y un exceso de sus funciones, sugiriendo que podría proceder una acción de nulidad contra la resolución ministerial.