Colombia finalizó sus intervenciones en la segunda ronda de las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos) por la demanda que presentó Nicaragua, refutando con su equipo de defensa los argumentos de la contraparte sobre el supuesto incumplimiento al fallo de este Tribunal del 2012. 

A la vez  que la defensa desarrolló las dos contrademandas que nuestro país presentó, ante lo cual insistió en que el país centroamericano ha violado los derechos de los pescadores raizales de San Andrés para ejercer su labor en la zona en discusión.

Las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia se iniciaron el pasado 20 de septiembre y finalizarán mañana con los argumentos de cierre de Nicaragua, esto en el marco de la demanda de ese país contra Colombia por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.

La intervención de Colombia en la Corte Internacional de Justicia contó con la novedad de la presencia de la vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, quien viajó con el objeto de apoyar al equipo de defensa en esta demanda.

Además, la Vicepresidente y Canciller aprovechó su presencia en La Haya para reunirse con la Organización Para la Prohibición de las Armas Químicas, la Corte Penal Internacional, Europol y una importadora de flores colombianas.

“Preservar los derechos de la Nación y de los raizales es una prioridad del Gobierno. Me reuní con equipo de defensa del país ante la Corte Internacional de Justicia, previo a última intervención en el Palacio de la Paz, por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua”, indicó Ramírez.

La intervención del equipo de defensa contratado por nuestro país, liderado por el agente, el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, y el coagente, el exmagistrado de la Corte Constitucional  Manuel José Cepeda, así como por seis reconocidos abogados extranjeros, se dividió en dos partes.

Durante la primera mitad, los abogados de Colombia refutaron los argumentos presentados por Nicaragua el pasado lunes sobre el presunto incumplimiento del fallo que emitió en 2012 la Corte Internacional de Justicia, en el cual estableció la línea limítrofe marítima entre las dos naciones, que producto de ello el país centroamericano obtuvo más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar, en donde Colombia ejercía históricamente soberanía. 

En la segunda parte de la intervención de Colombia en la Corte Internacional de Justicia, sus abogados desarrollaron las contrademandas sobre los derechos tradicionales de pesca de los raizales y sobre la falta de legalidad de las líneas de base de Nicaragua, a partir de las cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe.

El abogado Rodman Bundy, uno de los seis juristas internacionales que asesora a Colombia frente a las pretensiones del país centroamericano, indicó ante la Corte que “los argumentos de Nicaragua han evolucionado en esta audiencia debido a que Colombia ha ingresado nuevos documentos que prueban hechos en este caso: ninguno de los eventos que refiere Nicaragua han tenido una respuesta agresiva de la Armada de Colombia, y en cambio Nicaragua viola los derechos históricos de los pescadores raizales y pretende explotar los recursos naturales en la reserva de la biósfera”.

Añadió Bundy que Colombia hace presencia en el mar Caribe, en la zona en discusión, “para proteger a los raizales y para luchar contra el crimen internacional de tráfico de drogas o armas. Y Nicaragua el lunes no objetó que Colombia hiciera este control a las actividades criminales en el mar Caribe”.

Agregó el abogado que “el presidente de Nicaragua, en 2013, (Daniel Ortega) le prometió al expresidente Juan Manuel Santos que los raizales podían seguir pescando, pero Managua no ha respetado ese compromiso”.

Relacionados: Meridiano 82 es la frontera marítima con Nicaragua

¿Qué dijo Nicaragua?

El pasado lunes el embajador de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello, refutó las dos contrademandas de Colombia. Aseguró que la sentencia de 2012 benefició las áreas marítimas de las islas que adjudicó a nuestro país, es decir, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como 7 cayos. Agregó el jurista que la población que allí habita salió “extremadamente bien”.

También dijo Argüello que los raizales son un pueblo marginado por Colombia y que según un censo actual son menos de la mitad de la población de las islas. "Hay que señalar que los problemas  de los raizales no comenzaron con la Corte ni con Nicaragua, esos problemas comenzaron en la década de 1950,  cuando el Gobierno de Colombia declaró a San Andrés puerto libre y comenzó a promover el turismo. Hubo una afluencia masiva de personas del continente que marginaron a los raizales”, dijo.

Agregó el embajador nicaragüense que los raizales tienen un nombre para lo que pasó, “lo llaman la colombianización de las islas”, dijo.

Añadió que “los  recién llegados se hicieron cargo de los negocios más lucrativos y  los raizales fueron marginados.  La sentencia de la Corte no empeoró las cosas, simplemente sirvió de excusa para apuntar lejos del Gobierno colombiano por los problemas de la población raizal”.

Finalizadas las etapas escrita y ahora oral por la demanda de Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, se espera que la Corte Internacional de Justicia dicte sentencia el próximo año.

En tanto que actualmente cursa en la Corte un proceso aparte por la segunda demanda impetrada por la nación centroamericana, que pretende la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Sin embargo, las audiencias orales correspondientes seguramente se realizarán hasta el 2022.