Bajo la consigna "respeto a los acuerdos", miles de manifestantes exigieron al gobierno de Colombia implementar plenamente el pacto de paz con las Farc, frente a su controvertida intención de modificar una parte del texto.

Líderes de distintos partidos políticos, profesores, estudiantes, organizaciones sociales y gente del común se tomaron el centro de Bogotá para rechazar las objeciones y reformas anunciadas por el presidente Iván Duque al sistema de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga los crímenes más graves cometidos durante más de medio siglo de lucha armada de las Farc.

"Lo que queremos es que el gobierno nacional recapacite y deje continuar el proceso de paz, que siga su curso (...) para evitar el derramamiento de sangre que hay en el país", dijo Tirson Panesso, miembro de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados que participaba en la protesta. 

La manifestación tuvo lugar una semana después de que el presidente Duque objetara  ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP, considerada la columna vertebral del pacto negociado por el anterior gobierno, el de Juan manuel Santos, con las Farc, hoy convertida en partido político.

Asimismo, anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna. 

"Traicionar el acuerdo, traicionar la JEP, es traicionar al pueblo colombiano. Pedimos que se lleve a cabo lo firmado (...) que no nos apuñalen el corazón del acuerdo", clamó Ángel Alvarado, que caminaba con la delegación de las Farc hacia la Plaza de Bolívar.

"No vamos a permitir que nos arrebaten esta oportunidad que tenemos como generación de vivir en paz", aseguró Yesenia Moreno, estudiante de psicología de 27 años.

Dos días después del anuncio del presidente, los partidos de oposición se unieron para replicar sus objeciones y convocar a la movilización nacional que se verificó este lunes.

Ejerciendo por primera vez el derecho de la oposición a contestar una alocución del gobierno de turno, los congresistas manifestaron que la decisión implica "desacatar" una sentencia de la Corte Constitucional, genera "incertidumbre jurídica" entre los excombatientes y devuelve al país a discusiones superadas tras la firma del acuerdo.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el objetivo de la protesta era acorralar al mandatario.  

"No soy partidaria de que se utilice la confusión ciudadana para salir a generar entonces en este momento una gran movilización que tiene por objeto poner al Gobierno contra la pared", aseguró.