Fue aprobado el ascenso del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, así como el de otros cinco altos oficiales de las Fuerzas Armadas en la Comisión Segunda del Senado, con lo que el trámite pasó a la plenaria para el visto bueno oficial.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, les agradeció a los senadores “por su apoyo a nuestras Fuerzas Militares con la aprobación en primer debate del ascenso de seis oficiales”.

Zapateiro está ascendiendo de mayor general al grado de general de la República de Colombia.

Los otros cinco altos oficiales ascendidos son el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, mayor general Jorge León González Parra, al grado de general; el brigadier general de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, Ricardo Humberto Perico, al grado de mayor general; el contralmirante de la Armada Nacional, Camilo Hernando Gómez, a vicealmirante; el capitán de navío Alberto Cubillos, brigadier general de infantería de marina o contralmirante; y el coronel de infantería Jorge Federico Torres a brigadier general.

Los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; y Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), se retiraron y no hicieron parte de la votación de ascensos militares en la Comisión.

Esta decisión se dio después de los citados senadores radicaran un derecho de petición para que el ministro Trujillo se abstuviera de enviar hojas de vida de oficiales para ascensos.

Dado lo anterior, los congresistas dejaron sendas de constancia en la Comisión sobre su retiro de la discusión y votación de ascensos de los seis oficiales de las Fuerzas Militares, quienes fueron presentados el pasado sábado en esa célula legislativa.

Los legisladores argumentaron que “en este contexto político y jurídico, los senadores tenemos una responsabilidad ética con la ciudadanía y, por ello, queremos dejar constancia de nuestro retiro de la votación de ascensos, pues consideramos que no debería adelantarse, hasta tanto no culminen las investigaciones”.

Sin embargo, ya la semana pasada el ministro Trujillo manifestó, al presentar a los seis uniformados, que estos oficiales superiores no presentan ninguna inhabilidad para alcanzar los grados más altos del escalafón militar.

Asimismo, reiteró ante los senadores el “apoyo total, irrestricto y sin vacilaciones del gobierno del presidente Iván Duque a nuestra Fuerza Pública, que es heroica, abnegada, apegada a la Constitución y las leyes. Una Fuerza Pública que tiene capacidad, no solamente para cumplir con su tarea misional, sino para ir más allá cuando las circunstancias y las necesidades de la Patria así se lo exigen”.

Como ya lo había reseñado EL NUEVO SIGLO, los senadores Cepeda y Sanguino le pidieron a Trujillo no presentar hojas de vida para “aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado” en esta legislatura y en el próximo periodo legislativo.

La petición de los congresistas se dio a partir de las investigaciones que se adelantan sobre oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de carácter fiscal, penal y disciplinario por estar presuntamente comprometidos con hechos de corrupción y espionaje ilegal a más de 130 personas.

Para Cepeda y Sanguino, “en caso de que se ascienda a un oficial comprometido con posibles faltas disciplinaria, penales y fiscales”, este podría utilizar “su mayor cargo, con mayor poder operativo y funcional, no solo para profundizar su accionar delictivo, sino incluso para desviar el curso de las investigaciones”.

Pero una carta de la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, le señaló a Trujillo que la petición de Cepeda y Sanguino desconoce la Constitución, la Ley Quinta (reglamento del Congreso) y sentencias de la Corte Constitucional.

Tras precisar que de acuerdo con la Constitución es al presidente Iván Duque a quien le corresponde conferir los ascensos y someter su aprobación al Senado, Holguín recordó que la Carta es taxativa en establecer que “los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley”.

Además, consideró Holguín, “la mencionada solicitud, supone una indebida presión al Gobierno nacional para desconocer una de las más preciadas garantías procesales, que constituye eje axial de la Constitución de 1991, positivizada en el artículo 29 Superior, alusivo al Debido Proceso”.