La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género y Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, puso en conocimiento desde diciembre del año pasado a las direcciones del Inpec y de la Uspec las múltiples quejas presentadas por los internos en la cárcel Pedregal, relacionadas con el incumplimiento de los horarios del suministro de los alimentos, su poca cantidad y ausencia de calidad y seguridad.

Tal situación, sin embargo, no ha sido solucionada y estaría derivando en afectaciones a la salud de los internos, como intoxicaciones y agravamiento de quienes tienen enfermedades preexistentes. A ello se suma que la elaboración de los alimentos se estaría haciendo al exterior del centro carcelario, generándose así demoras en su entrega.

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“En consecuencia, reiteramos nuestro llamado para que sea solucionada inmediatamente la prestación del servicio óptimo de alimentación para las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín Pedregal”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los equipos en terreno de la Defensoría han realizado en varias oportunidades la verificación de derechos humanos en el centro de reclusión, visitas en las que evidenciaron una flagrante vulneración del derecho fundamental a la alimentación como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión.

Así mismo, evidenciaron que el rancho de mediana seguridad, el cual está en el pabellón de mujeres, cuenta con la infraestructura adecuada para la prestación del servicio, por lo que requiere su apertura inmediata.

“En febrero de este año, con base en nuestras visitas defensoriales, remitimos a la Corte Constitucional un informe sobre los hallazgos en el establecimiento carcelario de Pedregal, entre ellos, la ausencia de la interventoría y supervisión en la ejecución del contrato de alimentos, en el que se evidencia cómo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios no había adelantado acciones efectivas de control para garantizar la prestación del servicio”, asegura Carlos Camargo Assis.

Ante esa situación, la Secretaría de Salud de Medellín clausuró el pasado 19 de marzo el rancho del pabellón de alta seguridad, que era el único lugar de preparación de alimentos que estaba en funcionamiento para las aproximadamente 3500 personas recluidas en el complejo carcelario.

“Requerimos, por lo tanto, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios implementen medidas urgentes para que sea garantizado, de manera efectiva, el servicio de alimentación en ese lugar de detención”, señala Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo reitera el llamado a todas las entidades competentes y responsables en el marco del sistema penitenciario y carcelario, con el fin de que emprendan acciones para prevenir y mitigar la vulneración de derechos de la población privada de la libertad.