El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le solicita al Ministerio de Justicia implementar medidas urgentes, con carácter real y efectivo, que protejan la vida e integridad de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como también le solicita garantizar las condiciones de seguridad para que puedan desempeñar sus labores. 

“Es apremiante adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en el Valle del Cauca, donde se evidencia una espiral de violencia en contra de funcionarios del Inpec. El Ministerio de Justicia, como cabeza del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, debe dar las garantías para que el personal del Instituto pueda desempeñar sus labores de vigilancia y custodia”, es el llamado del Defensor del Pueblo.

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La solicitud la hace debido a los recientes y trágicos hechos, cuyas víctimas fueron algunos de los integrantes del personal de custodia en el departamento del Valle del Cauca. 

El más reciente sucedió el 9 de abril, cuando hombres armados asesinaron en la entrada del penal en Buga al dragoneante Léider Romo Rojas, quien se disponía a realizar sus labores. Ese mismo día, pero en el municipio de Tuluá, fue herido de gravedad con arma de fuego el dragoneante Nicolás Torres Noreña. Un día antes, en el municipio de Palmira, también fue ultimado Néstor Quevedo Díaz, quien era pensionado del Inpec. 

La situación que afrontan los guardianes del Instituto en el departamento es crítica. Así quedó evidenciado desde el 2023, cuando sus voceros advirtieron que se encontraban en riesgo por realizar sus labores misionales, puesto que empezaron a ser amenazados de muerte por organizaciones criminales que delinquen en esa zona del occidente de la geografía nacional.

En lo corrido del 2024, dos funcionarios fueron víctimas de atentados en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad del municipio de Jamundí, y uno más resultó herido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, lo que evidencia la problemática que afrontan. 

Lo que está ocurriendo se agrava con amenazas que se concretan a través del envío de coronas fúnebres y panfletos amenazantes a guardianas y guardianes en diferentes centros penitenciarios y carcelarios.

“Los derechos a la integridad, a la vida y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones. La presión de los grupos armados ilegales no puede doblegar el aparato estatal”, manifiesta Carlos Camargo Assis.

El pasado 5 de marzo, la Defensoría dio a conocer que 63 personas adscritas al Inpec fueron asesinadas en los últimos siete años en Colombia, basada en datos oficiales del Ministerio de Justicia, con corte a agosto del año pasado.

Finalmente, el Defensor del Pueblo aseguró que la entidad continuará acompañando y apoyando a los servidores públicos del Sistema Penitenciario en su labor misional, la cual encaran en condiciones en las que exponen su vida e integridad permanentemente.