María del Socorro Pimienta, exsuperintendente de Industria y Comercio, interpuso una acción de tutela contra el Gobierno Nacional, alegando que su reciente destitución por el presidente Gustavo Petro conlleva violaciones a sus derechos fundamentales.

El pasado 14 de diciembre, la administración del presidente Gustavo Petro declaró insubsistente el nombramiento de María del Socorro Pimienta como Superintendente de Industria y Comercio mediante el Decreto 2175 de 2023. La decisión generó sorpresa y controversia, especialmente considerando la extensa carrera de Pimienta en la entidad, superando los 30 años de servicio.

En respuesta, Pimienta decidió emprender una acción de tutela, destacando presuntas irregularidades en su destitución. La exfuncionaria, con más de tres décadas de servicio en la Superintendencia de Industria y Comercio, sostiene que su salida del cargo estuvo motivada por factores ajenos a su desempeño profesional, denunciando haber sido víctima de acoso con el objetivo de forzar su renuncia. En sus declaraciones, la exsuperintendente alega que primaron "intereses personales y promesas políticas" sobre la objetividad y la justicia en su desvinculación.

La acción de tutela presentada por el abogado Iván Camilo Jiménez Uribe, en representación de Pimienta, detallando que la destitución vulneró varios de sus derechos fundamentales. Entre ellos, se destacan el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al trabajo, y la estabilidad reforzada como madre de tres hijos, uno de ellos con discapacida, quienes dependen económicamente de ella.

La solicitud de tutela incluye, en primer lugar, la petición de declarar la ineficacia de la terminación del vínculo laboral referenciada en el Decreto 2175 de 2023. Además, se solicita la reincorporación de Pimienta como Superintendente, al menos hasta que cumpla los requisitos pensionales. En caso de que su retorno al mismo cargo no sea factible, se pide el reintegro en otro puesto de igual o mejor remuneración. En caso de que su retorno al mismo cargo no sea factible, se pide el reintegro en otro puesto de igual o mejor remuneración.

El documento legal también aborda aspectos económicos, solicitando el pago de salarios, prestaciones, vacaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social que dejaría de percibir desde su vinculación hasta su eventual reintegro. Además, se busca garantizar la seguridad social y pensiones correspondientes a Pimienta y su hijo hasta el reconocimiento de la pensión.

El caso adquiere mayor complejidad con la aparición de investigaciones sobre posibles conexiones entre la destitución de Pimienta y decisiones a favor de empresas vinculadas a financiadores de campañas políticas. La influencia del exsuperintendente Jairo Rubio Escobar también está bajo escrutinio, añadiendo una capa adicional de complejidad al caso.