El Gobierno insiste en que mientras el grupo guerrillero no renuncie al secuestro, será imposible reanudar la mesa

Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se alejan cada vez más de la posibilidad de convertirse en un acuerdo como el que se suscribió hace dos años en el Teatro Colón con la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Varias razones explican el deterioro de este proceso que comenzó en febrero de 2012, y que permanece suspendido desde agosto pasado por cuenta de varios secuestros atribuidos a ese grupo armado al margen de la ley.

De una parte, en la pasada legislatura la plenaria del Senado aprobó en primera vuelta el proyecto de acto legislativo 072 de 2018, que establece que conductas como el secuestro y el narcotráfico no son conexos al delito político y, por tanto, no son amnistiables ni indultables.

La iniciativa, que sería aprobada en segunda vuelta en la Cámara de Representantes antes de junio, es uno de los elementos que más alejan la posibilidad de un acuerdo de paz con el Eln.

Resistencia

Y es que el grupo ilegal se ha resistido a proscribir el secuestro de sus prácticas de lucha armada, condición que exige el presidente Iván Duque para avanzar en las conversaciones.

La norma aprobada por el Senado adiciona un inciso al numeral 17 del Artículo 150 de la Constitución Política: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal”.

Y agrega que “por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto. Las disposiciones del inciso segundo del numeral 17 del Artículo 150 de la Constitución Política, en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones”.

Es decir, que este cambio constitucional no afectará los acuerdos de paz con las desmovilizadas Farc, pero sí las conversaciones del Eln que se niega a desistir de esas prácticas. Varios sectores políticos pedirán que el debate se reabra en segunda vuelta.

Obviamente, el Ejecutivo defiende la iniciativa pues considera que el Congreso debe establecer límites a la conexidad, pues de mantenerse como está los responsables de delitos trasnacionales como el narcotráfico no podrían ser objeto de extradición.

Además, la conexidad permitirá que estas personas puedan acceder a cargos de elección popular.

Por otro lado, el Gobierno nacional insiste en que mientras el Eln no renuncie públicamente al secuestro y libere a las personas que mantiene en su poder, será imposible reanudar la mesa de conversaciones.

Las conversaciones de paz con el Eln se encuentran estancadas desde hace cuatro meses, por la negativa del grupo ilegal a renunciar a la práctica del secuestro.

Cruce de acusaciones

En los últimos días se ha registrado un cruce de acusaciones mutuas entre esa guerrilla y el Gobierno, que agregan más desconfianza al proceso.

De una parte, la semana pasada la Cancillería confirmó que a través de una nota verbal de la Oficina del Alto Comisionado le pidió al gobierno de Venezuela “verificar la presencia y permanencia en su territorio” de algunos miembros del Eln.

Básicamente se pide información, y en caso tal hacer efectiva la circular roja de Interpol que pesa contra Eliécer Herlinton Chamorro Acosta alias ‘Antonio García’; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía alias ‘Pablito’, y Rafael Sierra Granados alias ‘Ramiro Vargas’, integrantes del Comando Central del Eln al lado de Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, e Israel Ramírez Pineda alias ‘Pablo Beltrán’.

El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que “si el Eln tiene presencia en Venezuela, no será posible continuar las conversaciones de paz”, porque “se confirmaría que el Eln sigue cometiendo crímenes trasnacionales como narcotráfico y secuestro”.

Mientras, esa guerrilla afirma que cumplió con la tregua armada que declaró desde el 23 de diciembre y hasta el 3 de enero pasado.

En cambio, dijo que la Fuerza Pública en ese lapso aprovechó “para sacar ventaja, profundizando operaciones militares” contra sus frentes.

Por su parte, la Fuerza Pública denunció el asesinato de otro soldado profesional el pasado 29 de diciembre, al parecer a manos de un francotirador del Eln, cuando realizaba labores de patrullaje en la vereda San Luis, del municipio de San Calixto, Norte de Santander.

Justamente fue en la región del Catatumbo donde a finales del mes pasado el presidente Duque activó la Fuerza de Despliegue Rápido número tres para hacerles frente al Eln y demás grupos armados ilegales que operan en esa región.

El proyecto de acto legislativo 072 de 2018 establece que el secuestro y el narcotráfico no son conexos al delito político, por tanto no son amnistiables ni indultables.

Más señalamientos

A este panorama de desconfianza mutua, se agrega que el Eln acusó al Gobierno de “continuar el genocidio” de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues aseguró en un comunicado que durante la tregua armada fueron asesinados nueve de estos dirigentes comunitarios.

A ello, el Comisionado de Paz respondió que al Eln “se le olvida” mencionar las 18 órdenes de captura que emitió la Fiscalía contra varios de sus miembros por el asesinato de seis líderes sociales, indígenas y campesinos en los departamentos de Cauca, Chocó y Arauca.

Ceballos, además, recordó que la Fiscalía responsabilizó al Eln del crimen de 12 ex combatientes de las Farc entre 2017 y 2018, hechos por los que ha expedido otras 26 órdenes de captura.

Así las cosas, la desconfianza mutua, el secuestro y la exclusión del secuestro y narcotráfico como conexos al delito político, no parecen el mejor escenario para la mesa de conversaciones de paz con la guerrillera que lidera alias ‘Gabino’.