El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Quindío, que está en búsqueda de un nuevo operador luego de que la Unión Temporal Sinergia 2022 anunciara su no aceptación a la prórroga para la ejecución del contrato, ahora cuenta con un nuevo inconveniente debido a que las trabajadoras de este proyecto afirman que no les han cumplido con su pago.

Una de las voceras de las manipuladoras del PAE indicó que a la fecha solo se pagaron unos días laborados, quedó pendiente la prima de mitad de año y otros días más, perjudicando principalmente a quienes son madres cabeza de familia.

“A nosotras se nos dijo la semana pasada que a partir del jueves iban a empezar a pagar, pero hasta el momento solo recibimos los 17 días del mes de junio. Cuando fuimos a la Gobernación quedamos en un acuerdo para el pago de lo que iban a desembolsar del mes de abril, pero todavía nos adeudan la prima de mitad de año, liquidaciones, los días laborados de la última semana del mes de julio”, sostuvo.

“Cabe anotar que este consorcio, Sinergia 2022, recibió del anterior operador tanto los recursos físicos y financieros como la cartera. En este sentido, desde que inició la ejecución, se ha procedido a la cancelación de las deudas existentes, en el orden cronológico, es decir, de las más antiguas a las más recientes. Los recursos para esto provienen de la Gobernación, bajo previa presentación de la cuenta de cobro del mes facturado por parte del operador, es decir, dependen de la agilidad del mismo para cobrar”, se explicó desde la oficina de comunicaciones de la Gobernación.

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Después de que el operador radicara la cuenta de cobro el jueves 18 de agosto, la consignación por parte de la Gobernación se hizo el viernes 19 de agosto y el monto se vio reflejado en las arcas de Sinergia 2022 el lunes 22 de agosto.

“Paso a paso se van dejando las dificultades atrás, mientras se define cuál de los dos interesados retomará la operación”, acotó Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Quindío.

Asimismo, la Gobernación convocó a las instancias involucradas a una mesa de trabajo interinstitucional, a efectos de analizar las alternativas de orden legal que permitan retomar el proceso.