La educación de calidad debería ser la prioridad en los debates sobre derecho a la educación. Formar profesionales con clara conciencia ciudadana, con habilidades y competencias en su área de conocimiento, con una mirada abierta y respetuosa y sobre todo comprometidos con sus acciones como profesionales y como personas, es parte de ello.
Los movimientos estudiantiles y políticos que llevan las riendas en las universidades públicas del país suelen poner en los paros o en los pliegos de peticiones, verdaderos orangutanes en sus propuestas y muchas de ellas pasan sin mayor atención por parte de la mayoría de comunidad estudiantil, las direcciones de las universidades e inclusive del mismo ministerio de Educación, a pesar que son conscientes de los daños. Que hacen al sistema, las validan o aprueban para levantar paros sin ver los resultados nefastos que están dejando en la formación de nuevos profesionales.
Si bien los movimientos estudiantiles son fundamentales en la construcción ciudadana, de participación política y de cambios estructurales en la sociedad, se debe tener en cuenta que no todas las acciones están pensadas en mejorar la calidad de la educación, la formación de profesionales y ciudadanos competentes o en cerrar las brechas de la educación en el país.
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A continuación, unas de las más lamentables:
1. No exigir asistencia a clase, prohibido tomar asistencia. En varias universidades colombianas se han aprobado en las demandas que el estudiante no pierda así no asista a clase. ¿Qué logro es ese? ¿Fomenta la mediocridad? En conversaciones con dos vicerrectores de universidades públicas explican que se enfrentan a una dificultad enorme, pues no es solo el tema de la asistencia el compromiso con un programa académico, sino que realmente no se están formando. Expresan su inquietud sobre cómo van a desempeñarse profesionalmente si muchas de las habilidades o conocimiento que se desarrolla en clase no se están aprendiendo. Expresan que el proceso no se hace evidente y cada vez se hacen más grandes las diferencias entre el aprendizaje y la práctica.
2. Eliminar los créditos de segunda lengua. En pleno siglo XXI no dominar el inglés es casi una forma de analfabetismo. Para aplicar a un cargo, para ganar una beca, para hacer una maestría o doctorado y sobre todo para encontrar más información, libros y documentación es necesario tener conocimientos de inglés, además es ideal certificar el dominio de otras lenguas. Pero de una forma retardataria han calado los discursos de que el idioma del imperio (una ironía porque el inglés no es una lengua oficial de EEUU, pero si su lengua franca) y surgen movimientos por no tomar los cursos. En el paro de 2017 algunos movimientos estudiantiles “lograron” que no se exigieran los créditos de inglés, o que no fuera requisito para graduarse. En síntesis, la mayoría de universidades siguen ofertando programas de segunda lengua, pero con baja intensidad y en algunos casos de poca calidad, pues los estudiantes no se esfuerzan por aprenderlo, certificarlo o adquirir las habilidades para comunicarse. Así se sigue aumentando la brecha entre la educación que certifica una segunda lengua y quienes creen que no aprender es un logro. Muchas veces después de graduados comprenden el error de lo haber desarrollado las habilidades es una segunda lengua.
3. Inscribir dos materias en el mismo horario. En un “derecho” los estudiantes algunas universidades en el paro de 2017 aprobaron que un estudiante pueda inscribir dos materias así sean en el mismo horario. ¿Cómo se aprende? ¿Qué sentido tiene? Un profesor expresa, “llegan a la clase a informar que en el mismo horario tienen tutorías, pasantías, práctica u otra clase, y uno queda maniatado, sin saber si es verdad, y cómo tener a un estudiante que no participa en las clases”.
4. Cancelaciones hasta mediados o finales del semestre. Dentro de las garantías que se piden para el retorno a clases después de dos o tres meses de paro o receso, es que se acepten las cancelaciones extemporáneas como razón para volver. Así muchos estudiantes cancelan las materias que van perdiendo y el déficit de recursos se incrementa, debido a que en muchas universidades existe la norma que no se abren cursos con menos de quince estudiantes, pero al final de semestre, muchos programas terminan con menos de 15 estudiantes, aumentado el déficit de cupos y procesos muy largos para cursar un programa académico. Mientras que en las universidades privadas el promedio de tiempo de cursar un programa universitario es de 5 años, en las públicas llega a 7 años. Los estudiantes que quieren cumplir con los tiempos estimados para graduarse, tienen que superar las barreras administrativas y las tensiones sociales del país para lograr sus objetivos.
Desde 2017 los paros en las universidades han alterado el cronograma académico y hoy se encuentra en su fase crítica. Universidades como UPTC, Universidad Industrial de Santander, Atlántico, Distrital, Caldas, Nariño o Cauca ya perdieron un semestre académico. La decisión de congelar los semestres de la mayoría de las universidades dejará a cientos de profesores catedráticos sin salario.
Por otra parte, preocupa la baja participación de los estudiantes en los procesos de decisión de la continuidad del paro. En las asambleas, según reportan varias universidades, no se están conectado en las decisiones el 10% de los estudiantes. Es decir, un 10% decide por una comunidad universitaria que se muestra apática, distante y que pocas veces se enteran de las decisiones que terminan afectando la calidad de la educación superior colombiana.
*Especialista en Educación