La espiral de violencia que desde hace dos años se ha recrudecido contra líderes sociales en el país mostraría una nueva arista, y es que las seis personas asesinadas en diferentes regiones del país no habían recibido amenazas y por ende no habían solicitado protección del Estado.

¿Revelaría este hecho un cambio en la estrategia de los actores violentos que tienen en la mira a esta población o corroboraría lo dicho por las autoridades, en el sentido que no todos los 164 crímenes que se registraron en 2018 tendrían relación con la actividad que desarrollaban estos ciudadanos?

El director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González Monguí, dijo este martes que “en el caso de los líderes sociales asesinados este año ninguno había solicitado protección porque, infortunadamente, viene ocurriendo un fenómeno a nivel nacional y es que a las personas asesinadas no las habían amenazado”. Agregó el funcionario que “por lo que sé no tenían amenazas que les hubiera permitido hacer esas solicitudes…los que han tenido amenazas y les hemos dado protección ha sido realmente efectiva porque el impacto ha sido mínimo en ese sentido en relación con los protegidos de la Unidad”.

González dijo que reciben en la Unidad hasta 9.000 solicitudes de protección desde las regiones cada mes y que tienen cerca de 4.300 beneficiados con medidas entre líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En tanto que este martes tras un consejo de ministros que estaba programado hicieron un pronunciamiento la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez; el ministro de Defensa, Guillermo Botero; y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en donde destacaron que el Estado está actuando para prevenir y esclarecer los asesinatos de líderes sociales.

Gutiérrez señaló que “hay 65.000 juntas de acción comunal lo que dificulta la parte preventiva. En estos primeros días del mes de enero de 2019 se han recibido 1.200 solicitudes de protección, lo que hace realmente el manejo muy complicado”.

Por su parte Ceballos destacó la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO) que cuenta con el apoyo de la Fiscalía, Procuraduría, la Fuerza Pública y las Naciones Unidas. “Hay que resaltar la labor interinstitucional de este Plan de Acción Oportuna. Invitamos al país a acompañar esta iniciativa del señor Presidente. Ya se tienen 18 órdenes de captura contra el Eln por el asesinato de líderes sociales y 26 órdenes de captura por el asesinato de 12 ex miembros de las Farc”, manifestó.

Mientras que Botero anunció que se tienen pistas de los responsables del asesinato de la líder Maritza Quiroz, en Santa Marta.

Por su parte el procurador Fernando Carrillo dijo que “es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”. Añadió que es claro “el fracaso de los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones”.

El ente de control conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país.

El primer asesinato de un líder social se presentó el 1 de enero en Suárez, Cauca, en el caso de Gilberto Valencia, quien según testigos al salir de una verbena popular sostuvo una discusión con un joven, al parecer en estado de embriaguez, quien le disparó un arma de fuego hechiza.

Al siguiente día se produjo el crimen del líder comunal Jesús Perafán en su tienda ubicada en Caicedonia, Valle. El 4 de enero,  fue abaleado José Rafael Solano en el municipio de Zaragoza, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Ese mismo día, hombres armados le dispararon a Wilmer Antonio Miranda, en el municipio de Cajibio, departamento de Cauca.

El pasado 5 de enero sujetos asesinaron a Wilson Pérez, en Hacarí, Norte de Santander. El mismo día en que fue asesinada la líder social Maritza Quiroz, tras sufrir un ataque armado en el corregimiento de Bonda (Santa Marta).

El director general de la Policía, el general Óscar Atehortúa, indicó sobre estos hechos que “hay una información muy precaria que está en manos de las autoridades judiciales, tenemos un equipo dedicado a este propósito buscando de alguna manera que nos acopien un acervo probatorio que más adelante nos pueda solicitar una tesis, pero por el momento son investigaciones incipientes”.

Reacciona el Congreso

Ante el crecimiento este año de la espiral de violencia contra líderes sociales este martes se pronunció a través de un comunicado la Comisión de Paz del Senado de la República, en el cual señala que “estos hechos enlutan el comienzo del nuevo año y se suman a la ya alarmante cifra de asesinatos y amenazas de diverso tipo contra líderes sociales y ex combatientes de la Farc durante el último periodo, conforme lo evidencian diversos informes oficiales de autoridades nacionales y organismos internacionales”.

El comunicado suscrito por 18 senadores de esta célula legislativa alertó “especialmente sobre la grave situación de amenazas en territorios de los departamentos del Cauca, donde ya van 46 asesinatos, entre campesinos e indígenas; Choco; Caquetá; Norte de Santander; Antioquia; Córdoba; Cesar; Meta; Nariño; Sucre y Putumayo, que ameritan un informe y un plan de choque eficaz de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de la Defensa y otras instancias del Gobierno y el Estado colombiano”.

Investigaciones

En diciembre pasado el fiscal general, Néstor Martínez, dijo que más de la mitad de los crímenes de líderes sociales han sido esclarecidos.

“En el caso de los líderes sociales y defensores de derechos humanos hemos alcanzado tasas de esclarecimiento de homicidios en autoría intelectual y material el 53.5%, es decir más de la mitad de los homicidios los estamos esclareciendo en estos momentos”.