El horizonte de afectados en el conflicto armado es de más de 8 millones

En solo tres años fenecerá la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, tal vez la apuesta más grande del Estado colombiano para indemnizar a los afectados por el conflicto armado.

No obstante, los avances hasta el momento son mínimos frente a la cifra de ciudadanos que tendrían derecho al beneficio. Por ello hay quienes consideran que es necesario prorrogar la vida de esta norma, como es el caso del exsenador Juan Manuel Galán, quien piensa que se requieren al menos 10 años más para cumplir sus propósitos.

Cuando se expidió en 2011 la Ley de Víctimas se hizo mirando un horizonte de reparación de por lo menos 8 millones de personas, hoy en todo este tiempo apenas se ha logrado cumplir en este sentido a menos de 900 mil afectados.

En julio pasado, a pocos días de finalizar su gobierno, Juan Manuel Santos dijo que “sé que todavía nos queda mucho camino por recorrer: 8.650.000 víctimas, eso no se habían visto en ningún país. Y más de 820.000 ya indemnizadas tampoco se había visto en ningún país”.

En tanto que en materia de restitución de tierras usurpadas a los campesinos en el marco del conflicto por los actores armados, se habló de que por lo menos 1 millón de hectáreas estarían en esta condición. No obstante, según un informe revelado por la Fundación Forjando Futuros, poco antes del final del anterior gobierno, 237.679 hectáreas fueron restituidas en diferentes regiones, correspondientes a 6.389 casos, cuando la meta de ese gobierno era 281.207 casos.

El exsenador Galán, quien en abril pasado fue presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, indicó a EL NUEVO SIGLO, que “creo que la Ley de Víctimas hay que ampliarla en su vigencia por lo menos al doble de lo que estuvo presupuestada inicialmente porque fue una ley que se estructuró desde todo punto de vista para un universo de 4 millones de víctimas y en este momento llevamos 8 millones de víctimas. Donde además por los retos y los desafíos fiscales y presupuestales en materia de implementación y de reglamentación de la Ley, especialmente en los niveles locales, regionales, requiere de un espacio de tiempo mayor para poderle cumplir a todas esa víctimas en su reparación, en la verdad, en la justicia y en las garantías de no repetición que están esperando”.

Añadió que la Ley de Víctimas “no tiene precedentes, creo que en la historia del mundo un país que esté haciendo el esfuerzo de Colombia para poner en el centro de la paz a las víctimas”.

Para agilizar la aplicación de esta norma, Galán consideró: “Creo que los esquemas de reparación colectiva que se estaban diseñando por parte de la institucionalidad en  materia de víctimas, es un esquema que permite llegar a toda la comunidad victimizada sin necesidad de individualizar la reparación. Obviamente cada víctima tiene derecho a su reparación individual, ni mucho menos que renuncie a ella, pero buscar en esquemas de reparación colectiva, de proyectos productivos, de generación de ingresos para que esa reparación sea sostenible en el tiempo y no sea simplemente un evento de un solo día de una suma de dinero que se le entrega a una víctima, sin saber muy bien esa suma de dinero en qué termina y si la víctima la puede invertir bien. Pues creo que esos esquemas de reparación colectiva son opciones valiosas y pueden ser muy eficientes y eficaces en la reparación a las víctimas”.

El futuro

En un informe, el pasado 10 de agosto la Procuraduría General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo alertaron que la Ley de Víctimas está desfinanciada, pues entre 2018 y 2021 se deberá invertir 129,29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno en 28,4 billones de pesos.

Hasta el momento el gobierno de Iván Duque no se ha pronunciado sobre el particular ni del futuro de la Ley de Víctimas, en el sentido de propuestas como prorrogarla o, al menos, realizarle algunos ajustes que hagan más ágil la reparación administrativa a las víctimas así como la restitución de tierras.

En su discurso de posesión el pasado 7 de agosto, el presidente Duque dijo sobre las víctimas, que “por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibido, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio”.