Sendos llamados de la Procuraduría General se produjeron en días recientes respecto a crisis en Chocó y La Guajira, razón por la cual se espera una reacción pronta y eficaz de las autoridades de los tres poderes públicos.
De un lado, el pasado 22 de diciembre el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, urgió por el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en Chocó, y por la garantía y protección efectiva e integral de autoridades étnicas, líderes sociales y de quienes participen y defiendan la implementación del Acuerdo de Paz en el departamento.
A través de la Directiva No. 037 de 2020, el jefe del órgano de control instó al Gobierno nacional a activar las rutas y desplegar las acciones necesarias para la prevención y protección de la vida, integridad personal y ejercicio de derechos de todos los habitantes, en especial, de las autoridades étnicas, líderes y lideresas sociales, miembros de las juntas de acción comunal, consejos comunitarios, resguardos indígenas, organizaciones étnico-territoriales y personas defensoras de derechos humanos.
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Así mismo, exhortó al Ministerio de Defensa para que las acciones de judicialización, investigación y acusación que realiza la fuerza pública en contra de los grupos armados y grupos delincuenciales organizados estén siempre acompañadas de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que pidió iniciar los procesos de extinción de domino de los bienes muebles e inmuebles destinados o utilizados para el desarrollo de actividades delincuenciales.
Reclamó de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal las medidas preventivas necesarias en favor de los líderes sociales en riesgo inminente, y demandó de la UNP (Unidad Nacional de Protección) la adopción de medidas de protección urgentes y necesarias para esta población.
También hizo un llamado a los servidores públicos a cumplir con el deber de informar a la UNP y/o a las entidades competentes, las situaciones de riesgo o amenaza contra autoridades étnicas.
En la directiva, la Procuraduría también exhortó a la URT (Unidad de Restitución de Tierras) a avanzar en los procesos de restitución de derechos territoriales de comunidades negras y pueblos indígenas y al cumplimiento de las órdenes dictadas en sentencias, e instó a la ANT (Agencia Nacional de Tierras) a adelantar una mesa de trabajo para revisar casos urgentes o atrasados de titulación, deslinde, adjudicación y restitución de derechos territoriales en Chocó.
El jefe del Ministerio Público exigió a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales adoptar planes, medidas y programas de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes exclusivos para el departamento de Chocó, teniendo en cuenta que, pese a las alertas de la Procuraduría, denunciadas ante las autoridades, persisten el uso, utilización y la violencia sexual contra los menores de edad por parte de grupos armados ilegales.
También llamó al Gobierno nacional para que convoque a la CNGS (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad), con el fin de que se evalúe la implementación de medidas urgentes sobre la situación de riesgo de autoridades que ejercen el liderazgo social en el departamento.
Alerta por Wayúu
Dos días después, el procurador Carrillo Flórez advirtió a la Corte Constitucional y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha sobre el incumplimiento del Gobierno nacional de la sentencia que protege los derechos fundamentales a la salud, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu, y se mostró en desacuerdo con el otorgamiento de un nuevo plazo para la ejecución de las órdenes, ante la falta de políticas públicas eficaces y el poco avance en el proceso de diálogo con las comunidades.
"Los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, así́ como los derivados de las consultas realizadas en diciembre de 2019, no pueden ser aceptados, pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños Wayúu", precisó el Procurador en comunicación a la Corte y a la Sala Civil – Familia – Laboral del tribunal.
Precisó que, según el informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, correspondiente a la semana 39 de este año, en el departamento de La Guajira han fallecido 30 niños menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas a ella. Le siguen los departamentos de Atlántico y Cesar, que reportan 9 y 8 fallecimientos respectivamente.
"Lo anterior, evidencia la abismal diferencia entre los eventos de mortalidad que se presentan en el departamento de La Guajira frente a los demás departamentos y en todo caso las cifras de muertes de niños y niñas en La Guajira siguen siendo muy graves".
Censuró el Procurador que más de dos años después del fallo de la Corte que declaró el estado de cosas inconstitucional, además de la reconocida desarticulación "no se cuente con el conocimiento pleno de la oferta institucional del Estado aplicable a las necesidades del departamento. El plazo otorgado a nuestro juicio ha sido suficiente para que el Gobierno nacional articule propuestas con el enfoque étnico diferencial requerido, producto de un proceso legítimo de consulta con las comunidades".
Carrillo Flórez aseguró que en 2019 la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, siguiendo las órdenes de la Corte sobre la presentación de los informes de cumplimiento de la sentencia, remitieron al gobierno la metodología establecida para la presentación de los mismos, sin que hasta la fecha el Ejecutivo haya cumplido con su parte.
"Después de dos años y medio de notificada la sentencia, el Gobierno nacional aún no cuenta con una línea base, desconoce la forma de implementar en el territorio su oferta institucional y no cuenta con sistemas de información que le permitan identificar la población objeto de atención y realizar una selección objetiva de beneficiarios. La carencia de esta información hace imposible adoptar políticas públicas eficaces", se señaló.
Para el jefe del ente de control el Gobierno nacional no ha logrado coordinar un plan integral y concreto de acción que permita superar la crisis, no ha garantizado un dialogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, ni cuenta con personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres.
Acciones
Explicó que desde el Ministerio Público se han generado espacios de interlocución con las comunidades, audiencias de seguimiento, informes al Tribunal Superior de Riohacha sobre el estado del cumplimiento de la sentencia, acompañamiento a consultas previas, vigilancia a procesos de contratación en la región, e intervención en 16 tutelas accionadas por miembros de las comunidades Wayúu o en representación de estas, para reclamar el acceso a la seguridad alimentaria, el agua y la salud.
Así mismo, la Procuraduría ha adelantado acciones preventivas para que se garantice el acceso a la educación de los niños Wayúu, vigilancia a los procesos de contratación del transporte escolar de la gobernación, así como al acceso al sistema de salud y al agua potable en época de pandemia.