La Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya vigencia se vencía en 2021, fue prorrogada por el Congreso hasta 2031. Más allá de la necesidad práctica de prolongar el ámbito temporal de la norma, el hecho concreto es que, pasada una década de su promulgación, el objetivo primario, que no era otro que avanzar rápidamente en un proceso de resarcimiento a los millones de afectados por el conflicto armado, se ha cumplido solo a medias.
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De hecho el pasado 20 de agosto la Procuraduría General, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encontraba en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el Covid -19.
Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por ello indicaron que se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.
Los entes de control señalaron que el esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Indicaron que es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud - SGP ($197,3 billones), entre otros.
Deficiente
Efectivamente, hay inscritas un total de 9.041.303 personas reconocidas e incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), identificadas de manera única, ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos.
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De estas, 7.300.537 cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de reparación. Las demás personas (1.740.766) fallecieron o son víctimas de desaparición forzada.
Sin embargo, el panorama presentado por la Procuraduría (y recogido en la ponencia que estudió el martes por la noche la plenaria del Senado) no puede ser más desolador.
Según el Ministerio Público, se han incrementado las conductas vulneradoras (amenazas, atentados y homicidios) en contra de líderes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos y reclamantes de restitución de tierras. Preocupa además el asesinato de líderes y lideresas, el incremento de los desplazamientos y confinamientos, así como el reclutamiento y los accidentes por minas.
En rehabilitación, sostiene la Procuraduría, solo se ha avanzado el 28% (838.138 víctimas) de la meta del Conpes 3726/12 para 2021. Tampoco se ha cumplido lo establecido en el Acuerdo de Paz, ya que en zonas rurales la cobertura del programa es mínima (3,7%).
Para la Procuraduría es alarmante el nivel de incumplimiento en las sentencias proferidas por los jueces de restitución de tierras. En casos de víctimas con pertenencia étnica de 1.277 órdenes judiciales solo se han cumplido el 8,5%. Por ejemplo, de 1.463 órdenes de vivienda no hay ninguna casa entregada.
Igualmente, preocupa el alto porcentaje de solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente que han sido negadas (65%) y el bajo avance en el trámite de solicitudes de protección predial Rupta.
Se han indemnizado 879.821 víctimas, lo que corresponde a tan solo el 12% de los 7.261.998 sujetos de reparación. Aunque en el último año se pagaron 95.127, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene un rezago de 1.320.177 solicitudes (79%) pendientes para iniciar trámite de documentación.
Hacen parte del Programa de Reparación Colectiva 755 sujetos reconocidos y 156 cuentan con un plan aprobado. Únicamente 16 han terminado la ejecución de las medidas previstas en su plan y se necesitarían más de 16 años a este ritmo para que se repararan todos los colectivos hoy inscritos.
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El balance presentado por el Gobierno no contempló, expresa el Ministerio Público, la oportunidad que representa el Acuerdo de Paz para fortalecer la política pública de atención, asistencia y reparación integral a víctimas. “La deuda histórica que tenemos con ellas, requiere del desarrollo territorial para ser saldada, por eso como Procuraduría seguimos insistiendo en la reforma rural integral como un camino para contribuir a la estabilización socioeconómica y el goce efectivo de derechos de las víctimas a partir del enfoque transformador de la reparación”, recalcó la entidad.
Prórroga
Lo aprobado por el Senado el martes por la noche es un proyecto que radicó el 26 de agosto de 2019 el representante por el Valle del Cauca, John Jairo Hoyos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), acumulado el 15 de octubre siguiente con otro que presentó la representante María José Pizarro, de la Lista de la Decencia.
El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, catalogó la aprobación de la prórroga como una noticia histórica, porque "se les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto".
“Lo que buscamos es fortalecer, no ser regresivos en los derechos adquiridos por las víctimas y, como también lo ha pedido el Presidente, avanzar en la reparación integral de estos colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas”, expresó.
Rodríguez dijo que la entidad trabaja de la mano del Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda para garantizar el Conpes que financie los 10 años de ampliación de la Ley, al tiempo que anotó que coordina con todas las entidades para establecer el costo que tendrá la misma.
En diciembre pasado, la Corte Constitucional resolvió en la Sentencia C-588/19, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, “exhortar al Gobierno y al Congreso de la República para que, en el marco de sus competencias, antes de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, adopten las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos”.
El senador Roy Barreras, exmilitante de La U, dijo el martes que “al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario. La Corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad. Sin importar su victimario, víctima es víctima”.
Ayer, tras conocerse la decisión del Senado, Orlando Burgos, coordinador del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva, y Wilfredo Grajales, delegado para las víctimas de la Defensoría del Pueblo, coincidieron en señalar que el trabajo prioritario en los próximos 10 años es agilizar acciones para el cumplimiento a las víctimas en todo lo que ordena la Ley 1448.
Durante la instalación del plenario de la Mesa, Burgos indicó que “hay que pensar cómo se va a acelerar el cumplimiento a las víctimas en todo lo de la Ley 1448, que el Gobierno entienda que hay que darle celeridad con recursos suficientes, amplios y necesarios”.
A su turno, Grajales afirmó que “tenemos que iniciarlos -los próximos 10 años- con acelerador a fondo y sin perder tiempo, con todo el ánimo, responsabilidad y ponerles el acelerador a todos los compromisos que hay frente a las víctimas”.