Una importante reflexión basada en un extracto tomado del libro “El poder de la ciudadanía. II”, publicado por la Procuraduría General en 2019. Nueva entrega de la alianza de la entidad con EL NUEVO SIGLO 

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Kiwe teg’nas (Guardia Indígena), Kekelo Ri Tielo Prieto (Guardia Cimarrona) y la Guardia Campesina del Catatumbo son tres formas de autoprotección creadas por comunidades indígenas, afro y campesinas que habitan en zonas afectadas históricamente por el conflicto armado.

En esas regiones cumplen misiones similares, relacionadas con el cuidado integral del territorio, esto es, la protección de la vida, incluido el ser humano y la naturaleza, así como los sitios sagrados y las costumbres ancestrales. También tienen como misión ejercer control en las asambleas y en el ingreso de extraños en sus territorios.

Gracias a estos guardianes de la vida, muchos líderes amenazados por los grupos armados ilegales o estigmatizados desde otros sectores, pueden seguir ejerciendo su función en favor de sus comunidades y, en contra de la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y las actividades de grupos violentos, entre otras actividades.

A veces, incluso, realizan esta función a costa de su vida, como está ocurriendo en el norte del Cauca, donde grupos ilegales comenzaron a disparar contra los kiwe teg’nas después de que estos iniciaron lo que denominan ejercicios de control en su territorio, detuvieron a miembros de esas organizaciones y les decomisaron armas, vehículos y varias toneladas de marihuana.

A diferencia de las guardias Cimarrona y Campesina, los Kiwe Tegnas o Guardia Indígena fueron creados dentro de la Jurisdicción Especial Indígena, lo cual les permite hacer capturas, decomisos y otras actividades, apegados a las normas que rigen a los Cabildos, que son los órganos constitucionales de gobiernos dentro los resguardos.

Según los datos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de enero del 2018 a noviembre del 2019 fueron asesinados 78 indígenas en ese departamento, la mayor parte en la zona norte, en municipios como Toribío, Jambaló, Corinto y Caloto. 

En diferentes ocasiones, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ha enviado mensajes al Gobierno Nacional para que valide y fortalezca estos mecanismos de autoprotección, como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona.

Carrillo Flórez ha pedido replantear el esquema de protección de los líderes y defensores de derechos humanos. El funcionario, basado en el diálogo permanente que mantiene en diferentes territorios del país, considera que las comunidades deben ser tenidas en cuenta en el diseño de una política de protección porque, a su juicio, el actual esquema ya cumplió su ciclo y se debe pensar en una política pública con mecanismos de defensa colectiva y no individual.

Esta demanda, responde a la evidencia de la acción de la comunidad frente a los hechos de violencia. En muchos casos, la respuesta ha sido sorpresiva y valiente, pues las investigaciones y testimonios de miembros de esos grupos indican que de manera recurrente estas comunidades han sido víctimas de la violencia paramilitar y de múltiples asesinatos de miembros de sus comunidades en el marco del conflicto. En esa zona los paramilitares asesinaban personas y las tiraban al río Cauca.

Víctor Moreno cuenta un caso ocurrido en una comunidad del municipio de Buenos aires. “Allí un grupo personas, liderado por mujeres, se opuso a que los paramilitares enterraran personas en la cancha de fútbol porque lo iban a hacer para aterrorizar a esa comunidad. La comunidad se paró en la cancha y les dijo aquí no entierran a nadie, esto es un sitio de recreación nuestro, un sitio sagrado para jugar fútbol, aquí no van a enterrar a nadie. La gente se les plantó y a los armados les tocó llevarse los cadáveres”.

El valor de las mujeres

Esas acciones, generalmente, han sido lideradas por mujeres. “Las mujeres en algunos casos tienen más energía, son más frenteras, más avanzadas, tenemos el ejemplo de Francia Márquez y Clemencia Carabalí… Las mujeres, cuando ponen el pecho con la guardia, dicen ¡vamos!, ¡entramos! Ellas ponen el ritmo. Ellas pierden el miedo más fácil y más rápido y obligan a los hombres a que hagamos el acompañamiento, y para eso nos da mucha fuerza”, dice Víctor Moreno.

En el 2016, las comunidades afro, junto con los indígenas, participaron en los diálogos de paz del Gobierno con las Farc. Allá expusieron las problemáticas, las necesidades de sus territorios y gracias a eso, el acuerdo final contempla que “se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia Cimarrona”.

En el norte del Cauca, como parte de ese fortalecimiento, los quince consejos comunitarios de esa zona decidieron llamar a su guardia Kekelo Ri Tielo Prieto. “El nombre proviene de una lengua ancestral que hablan en San Basilio de Palenque”, dice Víctor Moreno, quién resalta los vínculos que tienen con esa comunidad, cuyos integrantes luchan por mantener formas ancestrales en su vida diaria. 

El nombre Kekelo Ri Tielo Prieto, explica, está relacionado con la política de “autocuidado de la vida y de los territorios, de los ríos” que realiza la comunidad y allí la guardia ha jugado un papel importante acompañando los recorridos por el territorio, el reconocimiento de los sitios sagrados y el respaldo en las demás actividades comunitarias.

“La guardia Kekelo -señala Aconc en una de sus publicaciones- es un eslabón en la defensa de los derechos, el territorio, la autonomía y la cultura propia… La Guardia kekelo Prieto surge como una necesidad frente a los diferentes riesgos y amenazas de vulneración de los derechos colectivos de las comunidades negras. Se piensa en una Guardia Cimarrona basada en los sueños de los mayores, de los niños y niñas, pues la razón de su existencia es también la de los pueblos, para seguir en el camino de la dignidad y de los derechos”.

Estas éticas comunitarias, que surgen del reconocimiento de un orden social en el que cada cual ocupa un lugar que debe ser respetado y hornado, ofrecen a la acción del gobierno un modelo que vale la pena ser rescatado.

En este marco, el procurador Carrillo Flórez ha pedido replantear el esquema de protección de los líderes y defensores de derechos humanos, que a su juicio ya cumplió su ciclo y se debe pensar en una política pública con mecanismos de defensa colectiva y no individual. De este modo, se abre una perspectiva que fortalece la ética pública de manera fuerte y duradera.