Desde hace más de dos décadas, la región del Catatumbo en Norte de Santander se constituye en un reto para el Estado colombiano porque a los altos índices de pobreza por atender, se suma que la seguridad se ha ido deteriorando por la presencia de al menos cuatro grupos armados ilegales; el crecimiento de los cultivos ilícitos, y la violencia contra líderes sociales y comunales.

Apenas dos meses luego de que Iván Duque asumiera la Presidencia de la República en 2018, fueron trasladados cerca de 6 mil soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N° 3 al Catatumbo para reforzar la seguridad y combatir los grupos armados ilegales, la cual se sumó a la Fuerza de Tarea Vulcano y la Brigada 30 que de tiempo atrás hacen presencia en esta región.

A pesar del trabajo de las Fuerzas Militares e importantes golpes que han asestado a los grupos armados ilegales en el Catatumbo, estos siguen operando en el territorio disputándose el control de los narcocultivos, producción y comercialización de coca, extorsión a comerciantes y transportadores, así como el contrabando de gasolina, aprovechando la frontera con Venezuela.

Tras la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016, la entonces guerrilla de las Farc abandonó territorios en donde durante muchos años mantuvo la hegemonía.

Ello propició en el Catatumbo, como sucedió en la región del Pacífico, que antes que las Fuerzas Militares lograran copar completamente este territorio, nuevos grupos armados ilegales arribaron para usufructuar las economías ilícitas.

Se ha identificado que en el Catatumbo operan el Eln, el Ejército Popular de Liberación o también conocidos como ‘Los Pelusos’, ‘Clan del Golfo’, ‘Los Rastrojos’ y tres grupos disidentes de las Farc. Además también hacen presencia organizaciones de delincuencia común, como Banda La Línea, Banda La Frontera, Los Evander y Tren de Aragua.

En días pasados, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció en un comunicado el agravamiento de la “situación de derechos humanos que afecta a la región del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta, expresada en los casos de desplazamiento forzado, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos sistemáticos, confinamiento, amenazas y sometimiento de la población civil a extorsiones y otras exigencias de grupos armados ilegales en los últimos meses”.

Dicha Asociación en el comunicado hizo referencia a la masacre el 18 de julio pasado en la vereda Totumito-Carbonera, entre los municipios de Tibú y Cúcuta, donde fueron asesinadas 8 personas. Este hecho es atribuido a ‘Los Rastrojos’.

Entre las víctimas de esta masacre estaba Ernesto Aguilar, líder de la Ascamcat y de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana Coccam.

En tanto que el pasado 4 de julio fueron asesinados los hermanos Juan Andrés y Jorge Sánchez, sus amigos Joimar David Lindarte Rodríguez y Yadira Herrera Aguilar, quienes fueron lanzados en costales al río Zulia. Este caso también es atribuido a ‘Los Rastrojos’, grupo conformado por paramilitares que no se sometieron producto de la Ley de Justicia y Paz.

Cultivos ilícitos

El “Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019”, dado a conocer esta semana por el Sistema Simci de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), indica que en el periodo hubo una reducción del 9% en el área nacional sembrada, de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 el año pasado.

Agrega que los cultivos de coca en Colombia continúan registrando una fuerte tendencia a la concentración territorial, siendo el Catatumbo en este momento uno de los principales enclaves.

Dice el informe que los cultivos de coca en el Catatumbo vienen subiendo continuamente desde el 2010, cuando se reportaron 1.889 hectáreas; así, en el 2019 se registraron 41.749 hectáreas.

Este aumento hace que, en el 2019, Norte de Santander desplace a Nariño como la región más afectada por cultivos de coca.

De otra parte, aunque las autoridades han negado la presencia de carteles mexicanos en la región es un secreto a voces en la comunidad que llegan sujetos de esa nacionalidad, supuestamente, de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a comprar coca a los campesinos.

Se supone que los extranjeros pagan mucho dinero a los grupos ilegales para que los dejen comprar la coca y producir en el Catatumbo la pasta base, también al Eln y las disidencias para pasar la cocaína a Venezuela por las numerosas trochas que existen.

Por su parte, el Gobierno nacional sigue con la erradicación forzada de cultivos ilícitos en el Catatumbo, aunque se han presentado protestas y algunos enfrentamientos con los campesinos que argumentan que es su única fuente de sustento y piden soluciones.

Violencia

En lo corrido de este año en la región del Catatumbo han sido asesinados 8 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según cifras de Indepaz.

Precisamente, el pasado lunes, esta ONG y varias organizaciones sociales de esta región del país dirigieron una misiva a la Presidencia de la República, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la Defensoría del Pueblo, entre otros, solicitando medidas con carácter urgente y prioritario de seguridad personal, seguridad colectiva, ayudas humanitarias, retorno y permanencia en el territorio de la comunidad campesina en condición de desplazamiento forzado, pues alrededor de 835 personas tuvieron que dejar sus casas debido a la citada masacre de 8 personas entre los municipios de Tibú y Cúcuta.

Enfrentamientos

A principios de este mes, las Fuerzas Armadas dieron un fuerte golpe al Eln en el Catatumbo pues tras intensos combates en los municipios de Hacarí, San Calixto y Herrán, abatieron a Fredy Cortés Buriticá, alias ‘Culebrito’, cabecilla del frente Efraín Pabón, quien llevaba más de 29 años en el grupo armado.

El presidente Iván Duque dijo que alias ‘Culebrito’, “hizo parte de la planeación y ejecución del ataque contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá”.

En tanto que este jueves, tropas de la Fuerza Vulcano que apoyaban la erradicación de cultivos ilícitos fueron atacadas por francotiradores, supuestamente del Eln. Dos soldados perdieron la vida y uno más resultó herido.

Mientras que el pasado 18 de julio en cercanías del municipio de Tibú, fueron emboscados efectivos del Ejército dejando dos uniformados muertos y ocho más heridos. Esta acción también es atribuida al Eln.