La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra examinando la tutela interpuesta por Salvatore Mancuso, líder paramilitar recientemente aceptado en el proceso transicional, solicitando protección frente a amenazas y filtraciones derivadas de sus declaraciones vinculantes.

En medio de su participación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, presentó una tutela en busca de salvaguardar sus derechos fundamentales. El motivo principal es la denuncia de amenazas recibidas desde que comenzó su colaboración con la verdad en este tribunal, así como la filtración de información reservada que compromete su seguridad y la de su entorno cercano.

La tutela presentada aborda la preocupación de Mancuso por su integridad física y la de su equipo de defensa y familia. Específicamente, el exparamilitar solicitó medidas de seguridad y protección a la Sub sala Especial E de la Sdsj y al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA, pero hasta el momento no ha recibido respuesta a dicha solicitud, según la JEP.

La magistrada Gloria Amparo Rodríguez emitió una decisión ordenando la implementación inmediata de medidas provisionales para asegurar la integridad de Mancuso durante la revisión de la tutela. Además, se solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que explique las acciones tomadas para garantizar la reserva de información, especialmente después de la filtración de la audiencia reservada.

La complejidad del caso se intensifica con las revelaciones de Mancuso, quien vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con eventos violentos pasados. Esta conexión agrega tensiones adicionales al proceso e incrementa el riesgo para Mancuso, generando un ambiente judicial delicado que la JEP debe manejar con máxima prudencia.

Como parte de las medidas provisionales, se emitió una advertencia a todos aquellos funcionarios que hayan tenido acceso a información relacionada con Salvatore Mancuso, destacando que la divulgación de dicha información conlleva acciones penales y disciplinarias. La JEP enfrenta así el desafío de equilibrar la transparencia del proceso con la seguridad de los involucrados en un contexto donde las revelaciones de Mancuso desencadenaron una serie de amenazas y filtraciones que amenazan la estabilidad del proceso judicial en curso.