Fue rechazada la solicitud de garantía de no extradición que había presentado Segundo Villota Segura, requerido por narcotráfico por los Estados Unidos, quien pretendía presentarse como integrante de las antiguas Farc y miembro de una comunidad indígena del Cauca.

A través de un comunicado, la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) informó ayer que decidió no avocar la solicitud de no extradición de Villota porque concluyó que no tenía el factor personal de la garantía, es decir, que no estaba acreditado como miembro de las Farc, pues había sido excluido de los listados que entregaron las Farc al Gobierno nacional. Además, tampoco tenía la calidad de acusado en la justicia ordinaria ni en la Jurisdicción Especial Indígena (JEI).

En octubre la Asamblea Comunitaria de un resguardo del norte del Cauca anuló el reconocimiento como indígena de Villota y su sanción penal por rebelión, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y actuaciones presuntamente irregulares que hoy la comunidad investiga dentro de sus propias competencias.

La decisión de la Sección de Revisión fue comunicada a la Unidad Nacional de Protección y al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para que se adopten las medidas necesarias para brindar protección a la comunidad indígena que participó en el presente caso.

Hasta la fecha, la JEP ha rechazado más de 50 solicitudes de aplicación de la garantía de no extradición contemplada en el Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc.

En julio, la Fiscalía les imputó cargos a dos funcionarias de la entidad en El Tambo, Cauca (María del Socorro Fernández, fiscal seccional, e Isabel Rengifo, fiscal local) como presuntas coautoras responsables de los delitos prevaricato por acción agravada y fraude procesal al estar involucradas en un montaje que hizo pasar a Villota como integrante del frente oriental de las Farc.

Villota, refirió la Fiscalía, es un señalado narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos y considerado como el enlace en Colombia de los carteles mexicanos de Los Zetas y Sinaloa.

Según las evidencias, Fernández le formuló a Villota sin soporte probatorio imputación de cargos por rebelión. De otro lado, Rengifo presentó escrito de acusación en el que resaltó la supuesta condición de desmovilizado del pretendido capturado, de tal manera que pudiera recibir beneficios de ley.

Con esta simulación de hechos, presuntamente se quería evitar la extradición del señalado narcotraficante, requerido por una Corte Federal del Distrito de Texas, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

El 31 de enero de 2017, un juez Penal Municipal de Popayán dictó medida de aseguramiento y envió a la cárcel al patrullero de la Policía, Manuel Antonio Riascos, sindicado de poner en marcha el plan para favorecer a Villota.

El uniformado habría elaborado un informe en el que se presentaba al narcotraficante como responsable del delito de rebelión. La Fiscalía imputó cargos contra el patrullero como presunto responsable de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado. El uniformado aceptó los cargos y solicitó principio de oportunidad para colaborar con la justicia.

Según la Fiscalía, otro patrullero también es procesado por estos hechos, mientras que un exintegrante de la Policía Nacional, ya fue condenado a cuatro años de cárcel.