La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el representante legal del Consorcio Zonas WiFi, Jorge Alberto Calderón Barón, por presuntas irregularidades en el contrato suscrito por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) para la prestación del servicio de internet a través de zonas wifi en trece centros poblados del departamento del Tolima.

La Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que el particular en ejercicio de funciones públicas habría recibido a satisfacción los entregables del negocio jurídico, sin tener en cuenta las posibles falencias referidas a la intermitencia de la conexión, la lentitud del servicio, la inactividad y caída, y la falta de funcionamiento de algunos de los lugares instalados.

Entre los municipios en los que se presentaron las supuestas fallas se encuentran Dolores, Murillo, Santa Isabel, Carmen de Apicalá, Alvarado, Rovira, Ambalema, y Natagaima. En Ataco no hubo instalación a pesar de estar en el universo de elegibles del FUTIC.

El Ministerio Público indicó que, al parecer, Calderón Barón en su rol de interventor no exigió la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal y tampoco verificó los exigidos mínimos por las normas técnicas obligatorias.  

Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el Ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si la disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.