Se tramitarán por separado los proceso contra siete soldados del Batallón de Artillería de la Octava Brigada que aceptaron cargos y de tres suboficiales a quienes la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército vinculó a las actuaciones iniciales.

Así lo determinó este fin de semana la Procuraduría General de la Nación en el caso que adelanta por el presunto acceso carnal violento agravado a una menor de 12 años de la etnia Embera Chamí.

El funcionario especial que lleva el proceso por delegación directa del procurador Fernando Carrillo determinó que de acuerdo con las pruebas existentes se avanzará en dos líneas.

La primera, continuar con el expediente contra los soldados adscritos al Batallón de Artillería número 8 Batalla de San Mateo, de la Octava Brigada, con sede en Pereira, Risaralda, Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruíz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.

La segunda, ante la falta de razones que expliquen la vinculación al proceso del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero Camilo Hernández Martínez y el cabo tercero Jaider Muñoz García se determinó que por separado, se asigne un nuevo radicado y se inicie una indagación para establecer la presunta falta disciplinaria.

Para la Procuraduría existe la “necesidad de hacer una distinción acerca de la situación disciplinaria en que se podría encontrar el grupo de soldados que fueron convocados a un proceso penal y aceptaron los cargos imputados, y los tres suboficiales respecto de los cuales por ahora no se conoce la razón para ser vinculados a la indagación disciplinaria cuya apertura fue ordenada y radicada con N° 031-BASAM-2020, el 23 de junio de 2020 en el Batallón de Artillería número 8 Batalla San Mateo, con sede en Pereira”.

Proceso

Como lo informó EL NUEVO SIGLO, el miércoles la Procuraduría, en ejercicio del poder preferente, asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra soldados del Batallón San Mateo, por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda.

“Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el Ministerio Público al ejercer el poder disciplinario preferente.

Para la Entidad, los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condición especial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

Simultáneamente, el ente de control intervino en el consejo de seguridad convocado por las autoridades de Pueblo Rico, donde reclamó que se adelante la oportuna investigación penal, bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional.

A través de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos, Ministerio Público para Asuntos Penales, la Regional Risaralda y la Provincial Pereira, la Procuraduría velará por la defensa, protección y garantía de los derechos de la niña, su familia y su comunidad.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, es obligación asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos.

Recordó que, de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional, los pueblos indígenas son sujetos de especial protección por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

El procurador Fernando Carrillo designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los derechos humanos.

Familiares de víctima piden juicio indígena

La familia de la menor les está exigiendo a las autoridades la devolución de la niña, que está bajo protección de Bienestar Familiar, y que se les aplique la jurisdicción indígena a los soldados.

“Las Autoridades Tradicionales exigen que los agresores sean entregados a la Justicia Indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria, exigencia que la Organización Nacional Indígena de Colombia respalda”, explicó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en un comunicado.

El documento revelado por la ONIC da cuenta que en medio de la pandemia se han registrado altas cifras de agresión sexual y física contra las mujeres: en el 2020 van 99 mujeres asesinadas, 14 de ellas durante la cuarentena.

El 22 de junio la niña fue secuestrada y violada por los soldados en una vereda de Pueblo Rico, en Risaralda. Los militares aceptaron haber violado a la menor. El juez ha subrayado que su traslado a la base militar de Bello, en Antioquia, sería transitorio, ya que han perdido la condición de uniformados en activo y por tanto, se deberá definir el lugar de reclusión.

En concreto los militares están imputados por un delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y podrían ser condenados a hasta 30 años de prisión. El caso sigue abierto y la Fiscalía estudia presentar cargos por secuestro, puesto que la niña fue sacada de su comunidad en contra de su voluntad antes de la violación.