UNA INVESTIGACIÓN previa contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió la Procuraduría General de la Nación.

El inicio de las pesquisas contra integrantes de esa organización se debe a presuntas irregularidades en la visita administrativa que realizaron a la sede de Cancillería.

Esta es la segunda vez, en menos de una semana, que el Ministerio Público investiga a representantes de la SIC. El pasado 19 de marzo, se anunció un procedimiento similar, pero fue por supuestas anomalías en una inspección hecha en la Registraduría.

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“El órgano de control indaga si, funcionarios por determinar de la delegada para la Protección de la Competencia de la SIC, habrían incurrido en violaciones al debido proceso y vulnerado derechos fundamentales a empleados de esa entidad, durante la visita adelantada los días 14, 15 y 19 de marzo de este año, la cual tenía como objetivo verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia en los procesos de selección contractual de esa entidad”, destacó el órgano de control disciplinario, por medio de un comunicado.

De acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, los funcionarios de la SIC habrían vulnerado el procedimiento de estas actuaciones, al considerar que fueron tomadas copias espejo de equipos que contenían información sensible de procesos adelantados por la Cancillería en casos de extradición, trámites judiciales de menores, personas desaparecidas y solicitudes de refugio, con lo que se pudo desconocer la reserva legal.

“Adicionalmente, habrían accedido a la información existente en el teléfono celular de uso personal de uno de los funcionarios de la Cancillería”, informó el Ministerio Público.

En esta etapa, la Procuraduría busca determinar la identidad de los funcionarios y contratistas que participaron en la visita administrativa, así como el acto que le dio origen.

Caso Registraduría

El ente de control mantiene abierta la investigación contra funcionarios de la SIC, pero esta vez por las visitas administrativas en la Registraduría General del Estado Civil.

Como se sabe, las indagaciones iniciaron contra el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho funcionarios y contratistas de la SIC.

“Tras realizar una vigilancia preventiva sobre ese procedimiento, el órgano de control encontró que la SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral que es de carácter reservado, y requirió copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal, entre otras irregularidades”, indicó el órgano de control disciplinario, en torno a este caso.

Además de eso, puntualizó en su informe preventivo que “la visita no contaba con un acto administrativo que la motivara, y las pruebas fueron tomadas por contratistas de prestación de servicios y no por funcionarios públicos”.

Por lo evidenciado en la vigilancia realizada a la visita de la SIC, la Procuraduría abrió investigación con el fin de determinar la responsabilidad disciplinaria en las posibles vulneraciones al ordenamiento jurídico.

“Frente a la visita sorpresa realizada por contratistas y funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y por petición del registrador Hernán Penagos, la Procuraduría hizo vigilancia preventiva a esas actitudes y, además, consideró, al detectar y observar presuntas irregularidades, también posibles excesos, iniciar investigación disciplinaria contra varios funcionarios de esta superintendencia”, indicó la procuradora Margarita Cabello.

La respuesta

Mientras la investigación por este caso avanza, la SIC respondió por medio de un comunicado en el que señalan que la visita se llevó a cabo para lograr “el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la libre competencia económica”.

“La libre competencia económica es particularmente fundamental en los procesos de contratación del Estado para garantizar una dinámica efectiva en el sistema de compra pública, que resulta primordial para que el Estado obtenga el mejor valor por los recursos que invierte y para que pueda cumplir en las mejores condiciones su función de promover el desarrollo económico y social”, indicó el ente liderado por Cielo Rusinque.