Investigan al alcalde de Providencia y director de SuperTransporte | El Nuevo Siglo
Procuraduría
Viernes, 13 de Agosto de 2021
Redacción Web

La Procuraduría General de la Nación abrió informó que abrió investigación disciplinaria al superintendente delegado de Puertos, Andrés Palacios Lleras, al director de Investigaciones de Puerto de la Superintendencia de Transporte, Felipe Alfonso Cárdenas Quintero, y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker, por presuntas irregularidades en el manejo del muelle. 

La investigación se abrió tras las quejas de la comunidad raizal, presentadas durante la visita efectuada por la Procuradora General de la Nación, el pasado 28 de julio. 

Las quejas fueron documentadas por el grupo de trabajo para el seguimiento y vigilancia de la situación de desastre departamental en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como consecuencia del huracán Iota.



Ahora, la Procuraduría buscará determinar la existencia de las supuestas faltas disciplinarias relacionadas con omisiones en la planeación de medidas logísticas para garantizar el descargue en el muelle durante la emergencia por el huracán y en la vigilancia y control a la prestación del servicio público portuario.

Del mismo modo, el ente deberá investigar un supuesto permiso dado a un particular para la creación de una extensión del muelle en la parte norte, sin que se encuentren definidas las reglas de operación, acceso y los procedimientos de inspección a motonaves, horarios de atención y políticas de accesibilidad, y un presunto fraude en el proceso de otorgamiento de licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que abordó únicamente el tema de dragado de la vía, más no del muelle. 

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva en falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y el posible perjuicio causado a la administración pública.