La noticia de la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, era esperada por la mayor parte del país desde hace cerca de seis meses, cuando se produjo su captura. No obstante, tras la aprobación de la Corte Suprema de que sea llevado a Estados Unidos, que lo solicita por cargos de narcotráfico, se abre el debate porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sugirió que esto se diera después de satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad.

La forma como se aplica en Colombia el mecanismo de extradición establece que depende del visto bueno de la Corte Suprema de Justicia sobre su procedencia, que revisa el pedido del país solicitante en cuanto a la validez de la documentación presentada, la demostración de la plena identidad del requerido, en el principio de doble incriminación y en lo previsto en los tratados.

Pero finalmente es el Presidente de la República quien tiene la llave para aprobar o no una extradición; de hecho hay antecedentes de casos en que no han sido firmadas por razones de conveniencia que se tuvieron en cuenta por el gobernante de turno. 

Por ejemplo, en 2015 el entonces presidente Juan Manuel Santos tras firmar la extradición autorizada por la Corte Suprema de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias ‘Misael’, quien estaba al frente de las finanzas del bloque 10 de esa guerrilla, reversó la medida después de que la defensa del guerrillero presentara un recurso de reposición.

La razón fundamental que tuvo el entonces Jefe de Estado para echar atrás la decisión inicial, era que por esos días estaban muy avanzadas las negociaciones de paz que adelantaba con la guerrilla de las Farc en La Habana. Entonces esa extradición podría generar controversia y, por ende, entorpecer las conversaciones.

En la resolución ejecutiva 259 del 2015, suscrita por el entonces presidente Santos, se indica que “en casos como el presente, en el que el ciudadano requerido ha sido condenado por delitos políticos en su condición de militante de las Farc, grupo armado al margen de la ley con el que se está negociando un proceso de paz, en el que si bien no es posible determinar con certeza la fecha, ni las condiciones finales en las que se implementarán la totalidad de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, hacen que en esta oportunidad se replantee la decisión que en su momento adoptó el Gobierno en la que concedió la extradición”.

En el caso de alias ‘Otoniel’, poco después de ser capturado, buscó acogerse a la JEP ofreciendo verdad sobre su participación en el conflicto armado, en lo que muchos consideraron que independientemente de que tuviera la real intención o no de contar lo que sabía en casos de violencia contra población civil  y presunta connivencia de algunos militares con paramilitares, en el fondo era una estrategia para frenar su extradición.

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Sin embargo, la JEP después de que este capo del narcotráfico compareciera en una oportunidad y comenzó a declarar, decidió no admitirlo, pues la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que Úsuga David no logró aportar pruebas suficientes que lo acrediten como un tercero colaborador civil y, por lo tanto, la JEP no tiene competencia sobre los hechos por los cuales ha sido procesado en la justicia ordinaria.

La Sala de Definición informó de esta decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Sección de Revisión, a la Sección de Ausencia de Reconocimiento y a la Sala de Reconocimiento de la JEP, donde Úsuga David había sido citado en calidad de testigo dentro del caso 04, que investiga la situación territorial del Urabá, y en el caso 03, conocido como el de “falsos positivos”.

Sin embargo, la JEP en esta decisión le pidió a la Corte Suprema de Justicia que en caso de que diera visto bueno a la extradición de alias ‘Otoniel’, esta fuera bajo la modalidad de condicionada. Esto es, que se hiciera efectiva una vez que el excapo del narcotráfico satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad.

También la JEP planteó que una vez ‘Otoniel’ cumpliera la pena que le aplicarán en Estados Unidos, este país lo envíe a Colombia, sin necesidad de una solicitud de extradición, con el fin de que responda por los delitos cometidos aquí.

Duque firmara extradición 

La posibilidad de que el presidente Duque no firmara la extradición de ‘Otoniel’, atendiendo las razones que expuso la JEP, se esfumó ayer después de que el Jefe de Estado fue enfático en que será enviado a Estados Unidos lo más pronto posible.

Duque resaltó que "quiero también destacar que esto valida el principio de la separación de poderes, pero de la colaboración armónica para enfrentar el crimen en nuestro país".

Agregó que, "ya con este trámite surtido, lo que viene es la firma por parte nuestra y a partir de ese momento hay un espacio de 10 días que se tienen que cumplir conforme la ley, pero la idea es clara y es también incontrovertible. A ese delincuente, a ese bandido, a esa sabandija, a esa rata de alcantarilla la vamos a extraditar a la mayor brevedad".

Fue claro el Mandatario en que "ahora procederemos desde el poder ejecutivo con la velocidad que corresponde para también avanzar en esa dirección. Pero este hecho es la demostración de la separación de poderes y la colaboración armónica entre los mismos. Se defiende el Estado de Derecho frente a cualquier criminal". 

No obstante, Duque señaló que la extradición de alias ‘Otoniel’ no debe ser un motivo para que no cumpla su deuda con la justicia colombiana y con las víctimas.

"Toda extradición de este tipo de delincuentes no es obstáculo para que se siga compareciendo ante los llamados de la justicia colombiana, además bajo el principio de la reparación de crímenes que han ocurrido en Colombia. Una vez se cumplan las penas por narcotráfico en los Estados Unidos, esos criminales tienen que volver al país a pagar sus penas por otros delitos cometidos", concluyó.

Vale recordar que en 2019 se dio un choque entre el Gobierno nacional y la JEP por la decisión de esta de no dar vía libre a la extradición de ‘Jesús Santrich’, excomandante de las Farc firmante del Acuerdo de Paz, quien era solicitado por narcotráfico por Estados Unidos.

La JEP aplicó en este caso la prohibición de extraditar a exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, por cuenta del Acuerdo de Paz, por delitos anteriores a noviembre de 2016.

La justicia de Estados Unidos en el pedido de extradición señaló a ‘Santrich’ de conspirar para enviar cocaína después de la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la JEP solicitó pruebas al país del norte de que ello ocurrió.

No obstante, Estados Unidos se negó a entregar las pruebas porque no está contemplado en el acuerdo de extradición con Colombia. 

Entonces el presidente Duque dijo que “el Gobierno nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias 'Jesús Santrich'.

Finalmente ‘Santrich’ no fue extraditado y meses después salió hacia Venezuela, dejando de cumplir con su responsabilidad ante la JEP por los delitos que cometió.

Se conoció hace unos meses que fue asesinado en Venezuela, supuestamente por las disidencias de las Farc.

Ahora con la extradición de alias ‘Otoniel’ queda el interrogante de si la JEP quedará conforme con el anuncio de Duque de que independientemente de su extradición debe seguir respondiendo a las víctimas en Colombia, o será motivo de un nuevo choque con el Gobierno.

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Extradición en este Gobierno

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en lo que va corrido del gobierno del presidente Duque (corte al 28 de febrero de 2022) se han registrado 660 extradiciones.

En el año 2018 se registraron 102 extradiciones; en 2019, 163; en 2020, 135; en 2021, 239, y en lo que va corrido de 2022, 21. El 81,6% de las personas que han sido enviadas en extradición (539) fueron requeridas por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Entre los países que más extradiciones han solicitado y se han hecho efectivas se encuentran los Estados Unidos de América con 498 (75,4%), España con 74 (11,2%), Argentina con 23 (3,4%), Brasil con 17 (2,5%), Ecuador con 14 (2,1%), República Dominicana con siete, México con cinco, Perú y Guatemala con cuatro, y Países Bajos con tres. Con una solicitud figuran Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Italia, Panamá, Suiza y Noruega.