EL NUEVO SIGLO consultó a expertos para conocer sus impresiones sobre las críticas expresadas por el presidente Duque al reporte realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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Una gran controversia generó en el país el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El presidente Iván Duque expresó, el pasado jueves, fuertes críticas tras conocer el texto. Calificó como una “intromisión a la soberanía del país” la propuesta hecha en el documento para que la Policía Nacional pase al Ministerio del Interior "para fortalecer la capacidad institucional". Esto, ante las denuncias de supuesto abuso de la fuerza por parte del Esmad durante las protestas y manifestaciones que se han realizado en los últimos meses. Así mismo, expresó estar preocupada de que “haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay 16”.

EL NUEVO SIGLO consultó a expertos para conocer sus impresiones sobre las críticas expresadas por el Mandatario.

“Cadena de irrespetos”

Vicente Torrijos, docente de ciencia política, manifestó que el informe es una “absoluta intervención en los asuntos internos” y “una afectación total de la soberanía nacional”.

“Desde hace un año tanto el canciller de entonces, como el embajador ante Naciones Unidas, dejaron claro que había un irrespeto a la soberanía nacional por parte de este funcionario (Alberto Brunori, representante para Colombia de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos) y de su oficina. Posteriormente, la Acore dejó en claro cómo se estaba irrespetando la soberanía sobre todo con los juicios que estaba lanzando en cuanto a la relación entre los militares y la JEP. Lo que estamos viendo hoy es el punto culminante de una larga cadena de irrespetos por parte de esa oficina en particular. No las Naciones Unidas porque no hay ninguna queja de la Misión de Verificación, que es la que reporta trimestralmente el avance de la implementación de los acuerdos”, expresó el educador.

De acuerdo con el académico, esta oficina de la ONU está “sesgada ideológicamente, cosa que queda demostrada con los antecedentes que tuvo el señor Brunori en Guatemala, donde junto al colombiano Iván Velásquez sembraron la inestabilidad y la ingobernabilidad en ese país”.

Torrijos señaló que el Gobierno debería terminar su presencia en el país. “Debido a todo este cúmulo de irrespetos, intervenciones, injerencias en los asuntos internos, el Gobierno está en mora de terminar con la presencia de esa oficina en Colombia. Por supuesto, esto tendrá un millón de críticas, pero en todo caso eso es preferible a tener que soportar lo que el Presidente ha definido como una intromisión en la soberanía nacional. Si un gobierno acepta eso y no hace nada para remediarlo, entonces estaría atentando en grado sumo contra el interés nacional”, subrayó.

“Más allá del mandato”

Andrés Molano, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, afirmó que el informe “más allá que diga cosas ciertas y encienda las alarmas sobre hechos que deben generar preocupación, sí va muchísimo más allá del mandato de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia”.

Para el académico, el reporte “entra a hacer consideraciones sobre temas que no le corresponden; llega, incluso, a proponer medidas que deben ser objeto de un debate público en Colombia. No le corresponde formularlas de manera unilateral y a motu propio en un informe como el que está presentando. Desde ese punto de vista, al presidente Duque le asiste razón al subrayar que esa es una intromisión en asuntos internos”, sostuvo el experto, quien señaló que “criticar el informe no significa restarle importancia”.

Molano señaló, además, que el país “tiene que entrar en un proceso de revisión de la labor que han venido cumpliendo las distintas agencias de Naciones Unidas. Este es uno de los países en que más agencias hay, más de 20. Muchas de ellas han jugado un papel muy positivo en distintos campos. En otros hay razones para revisar lo que se ha hecho. Lo cierto es que las capacidades de nacionales del Estado deberían asumir el papel que puedan estar desempeñando”, dijo. Y agregó: “una evaluación no es solo necesaria sino que le haría mucho bien al propio sistema de Naciones Unidas porque le permitiría establecer el éxito que han tenido esas agencias en el cumplimiento de su labor”.

“Sesgo político”

Para el exsenador Alfredo Rangel, experto en seguridad, el informe “recoge y valida muchos elementos de la oposición al gobierno colombiano. Tiene un sesgo político porque esos argumentos que recoge de la oposición no tienen ningún sustento en la realidad y en los hechos. El Gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para desarrollar los compromisos, incluso, estando en desacuerdo con esos acuerdos que fueron rechazados por el pueblo colombiano”.

“El señor Brunori claramente está excediendo sus funciones, realizando un acto desobligante con el Gobierno y el pueblo colombiano. Las Naciones Unidas no están para entrometerse en asuntos internos de los países, que son de exclusivo resorte de su propia soberanía nacional”, subrayó.

“Hace su labor”

Mauricio Jaramillo Jassir, docente de relaciones internacionales, afirmó que es “desproporcionado” hablar de una intromisión en asuntos internos.

“El Gobierno se apresuró. Normalmente donde hay una Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y hay una labor de monitoreo es natural que estos organismos redacten informes muy críticos frente a la situación de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando uno ve que se señala que ha habido 34 masacres, volviendo a niveles de 2014, lo que uno ve es que la situación es muy grave. Me parece desproporcionado hablar de un ataque a la soberanía por una institución que está haciendo su labor”, dijo.

El académico consideró que para rebatir el informe, el Ejecutivo debería usar cifras. “Lo que debería hacer el Gobierno es decir qué considera que metodológicamente está mal, qué información es sesgada, de dónde viene y especificar la crítica”, expuso.

Jaramillo se mostró en desacuerdo con que eventualmente se piense en terminar el mandato con la oficina de Derechos Humanos de la ONU. “Desde mediados de los noventa en el gobierno de Samper se llegó a ese acuerdo. Esto se hacía con la idea de promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La situación en materia de derechos humanos en Colombia es muy grave, es crítica para los líderes sociales, es crítica para periodistas, es crítica en zonas como el Catatumbo y el Putumayo. La labor de visibilidad, reporte, monitoreo y promoción de los derechos humanos es indispensable. No veo qué podamos ganar no renovando el mandato. Los problemas no se solucionan ocultándolos, poniéndolos por debajo del tapete, sino enfrentándolos”, indicó.