La comunidad indígena denunció que la Fuerza Pública llegaron al resguardo y, a través de volquetas, destruyeron la vivienda.

La Agencia Nacional de Tierras había solicitado al alcalde de Puerto Gaitán, Meta, suspender una orden de desalojo de 454 indígenas de la comunidad Liwinaka de la etnia Sikuani. Pese a la petición, un grupo de personas, quienes, al parecer, pertenecen al Fuerza Pública, destruyeron con el resguardo. Es importante destacar que algunos de estas personas estaban encapuchados.

Felipe Harman, director nacional de la ANT, enfatizó la importancia de una revisión técnica y jurídica del caso.

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“Tenemos que revisar de forma detallada esos títulos, esclarecer también de quiénes son, por qué están ocupados, bajo qué consideraciones, si es territorio ancestral o no y, antes que nada, evitar que se atropelle a la comunidad indígena que es sujeto de especial protección según la Corte Constitucional”, indicó el director.

Cerca del lugar donde se iba a realizar el desalojo se habían generado protestas en corredores viales claves del departamento, que culminaron tras la decisión de suspender la medida. Sin embargó, niños indígenas duermen a la intemperie por la violación de sus derechos, así lo manifestó Braulio Martínez, líder Sikuani.

“En el monte hay niños durmiendo, esto es una amenaza psicológica por parte del inspector de Policía de Puerto Gaitán”, expresó Martínez.

Según información de la comunidad, esta orden se sigue efectuando por parte la Fuerza Pública y personas encapuchadas que cumplen ordenes de multinacionales petroleras que hacen presencia en el territorio.