La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP imputar a 10 excomandantes de las Farc vinculados al macrocaso 5, utilizando la calificación jurídica propia de los pueblos étnicos, por considerar que sus sistemas normativos describen de manera más acertada las afectaciones sufridas, equiparables con el etnocidio y que incluso pueden ser más graves que los crímenes previstos por el Estatuto de Roma.

Esto, tras analizar las declaraciones de víctimas y comparecientes de 12 municipios del norte del Cauca y cinco del sur del Valle, que revelaron una práctica generalizada de violencia extrema contra comunidades y territorios indígenas y afrocolombianos.

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Según lo asegura el documento de observaciones, al interior del proceso se hallan hechos ilustrativos que demuestran una política concertada por parte de las antiguas Farc, de tal suerte que la recurrencia e intensidad de la violencia puso en riesgo de exterminio a las comunidades étnicas, situación que ha sido reconocida por el Estado colombiano y que ha llevado a que se considere necesaria una calificación jurídica propia, a partir de las desarmonías denominadas por el pueblo Nasa: “fxi'zenxis ptxuçxa peba i'khnatx yuwe”, que traducida al español significa: el que viene a destruirnos y “Uma Kiwes Pxhiunxi Wee” , que significa: acabar de manera cruel con la madre tierra.

La Procuraduría demuestra, a lo largo de su análisis, que los delitos encontrados van mucho más allá de la calificación del caso dada por la JEP.

 “Lo hallado por el Ministerio Público, a través de los hechos cometidos por los comparecientes que son objeto de reproche en esta imputación, evidenció una intención de eliminar el grupo étnico a través de su disolución forzada y su integración a la comunidad mayoritaria”, revela el documento.

Además de las seis conductas imputadas por la JEP en el Auto, el Ministerio Público estudió otras, constitutivas de persecución, como reclutamiento forzado de menores de edad, confinamientos, desplazamiento forzado y lingüicidio, que demuestran la configuración de la citada desarmonía establecida en el derecho propio indígena. 

Para el caso particular de reclutamiento forzado de menores de edad indígenas, la Procuraduría revisó 419 casos en los que determinó que además de la comisión de este delito, las víctimas también fueron sometidas a hechos de violencia y esclavitud sexual, planificación obligatoria y abortos forzados so pena de fusilamiento.

Frente a los asesinatos y desapariciones forzadas se asegura que hubo 51.125 muertes violentas en el contexto del Caso 05, un número que es mayor a la población total de los municipios en la zona priorizada, salvo por Santander de Quilichao, Palmira y Padilla; causados por la presencia y búsqueda de control social y territorial de las Farc y de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y sociales.  

Según observa la Procuraduría, fue tan grande el daño que la Asociación Colombiana Indígena, ACIN, envió una carta abierta al máximo comandante, Timoleón Jiménez, el 24 de abril de 2012, en la que pidió aclararan si la intención de sus acciones en los territorios era genocida.