La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la corrupción, imputó al exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris-Lobo; y a los exconcejales de la ciudad, Juan Pablo Celis Vergel y Wilmar Manuel Cepeda Basto, como presuntos responsables del delito de prevaricato por acción.

Los exfuncionarios se habrían concertado para tramitar una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y así dar vía libre al desarrollo de proyectos urbanísticos para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, en zonas de especial importancia ecológica.

Para este propósito, el exmandatario puso a consideración del Concejo de Cúcuta un proyecto de acuerdo municipal que planteó una extensión del perímetro urbano que incluía áreas de protección ambiental. Por su parte, los excabildantes presentaron ponencias favorables y permitieron que en los distintos debates fuera aprobada la iniciativa, que finalmente fue sancionada por el exalcalde Ramírez Paris-Lobo, el 23 de julio de 2012.

Los elementos de prueba indican que tanto la exposición de motivos del proyecto de acuerdo del señor alcalde como la ponencia positiva de los cabildantes se permitió cambiar el uso del suelo en terrenos de conservación ambiental, en los que confluían quebradas y cuerpos de agua. En ese sentido, la modificación exigía obtener concepto de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Corponor) y definir una franja de protección sobre las fuentes hídricas, de al menos 30 metros, algo que no ocurrió, esto en tanto que dichas zonas al estar caracterizadas en el POT vigente para la época de los hechos en zona de expansión urbana integral.