La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formuló cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, contra 35 exmiembros del Ejército, incluyendo a 5 generales, por su presunta participación en 200 casos de falsos positivos en el Huila durante el periodo 2005-2008. Entre los implicados se encuentra el excomandante del Ejército, el general (r) Jaime Lasprilla. 

"200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio, son atribuibles a miembros retirados y activos de cuatro unidades del Ejército Nacional que operaron en la región", indicó en un comunicado la JEP.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que los generales, en lugar de proteger los bienes jurídicos de la población, fueron permisivos y laxos en los controles, incumpliendo sus obligaciones constitucionales. Se les acusa de ordenar detenciones ilegales de civiles ajenos al conflicto para posteriormente ejecutarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Estos crímenes, que abarcan 200 casos de falsos positivos en el Huila, se relacionan con el caso 03 y marcan una nueva etapa en la búsqueda de justicia.

En su declaración, la JEP resalta la responsabilidad de los generales imputados, señalando que "desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción". Estas omisiones, según la JEP, contribuyeron a la consolidación de patrones macrocriminales documentados en el Subcaso Huila, una de las seis zonas priorizadas en la investigación.

La imputación incluye al brigadier general William Pérez Laiseca, así como a los mayores Édgar Rodríguez y Marcos Evangelista Pinto. La JEP destaca que estas acciones ilegales afectaron la vida de numerosas personas y subraya la importancia de este proceso para esclarecer la verdad y lograr la reconciliación en el país. El camino hacia la justicia por los crímenes de guerra en el Huila sigue avanzando, y estos altos mandos militares enfrentarán un proceso crucial para determinar su responsabilidad en estos hechos lamentables.

Asimismo, entre los principales acusados se encuentran los responsables de la comandancia de la IX Brigada: el mayor general Miguel Pérez Guarnizo, el general Jaime Lasprilla Villamizar y el general William Pérez Laiseca. Asimismo, como coautores están los mayores generales Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

"La JEP se abstuvo de imputar al teniente coronel Martín Orlando Galindo, antiguo comandante de BIMAG (Batallón de Infantería 27 'Magdalena') y seis oficiales más, de IX Brigada, porque no se aprecian bases para considerarlos máximos responsables", ha agregado.

El organismo ha detallado que 192 de las 264 muertes anunciadas por las cuatro unidades militares --el batallón de Infantería 26, el Batallón de Infantería 27, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 11 y la IX Brigada-- entre 2005 y 2008 "fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate".

La JEP, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cifró en febrero de 2021 en 6.402 las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden colombianas, quienes hacían pasar a las víctimas, sobre todo campesinos e indígenas, por guerrilleros para obtener beneficios de todo tipo.

Las víctimas, según la JEP, eran personas vulnerables, con condiciones económicas complicadas, civiles que fueron interceptados en transportes o vías públicas, así como enfermos sin identificar. La investigación es conocida como Caso 03 y su nombre técnico es 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'.