El fiscal Mario Burgos se encuentra bajo escrutinio judicial debido a presuntas acciones que han entorpecido el desarrollo del caso Nicolás Petro. Esto incluye la falta de entrega de pruebas solicitadas por la defensa, especialmente la identificación de una fuente no formal crucial en el proceso.

En un reciente fallo judicial, el juez especializado de Barranquilla impusó medidas correccionales contra el fiscal Mario Burgos en relación con el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Las medidas surgieron a raíz de la presunta falta de cumplimiento de órdenes judiciales y de la aparente obstrucción al proceso legal.

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Desde enero de este año, el fiscal Burgos recibió múltiples requerimientos por parte de la defensa de Nicolás Petro para la entrega completa de pruebas y evidencias fundamentales para el caso. Estas solicitudes incluyen la identidad de una fuente no formal, registros de audiencias, informes de policía judicial y otros elementos esenciales para la construcción de la defensa del acusado.

Sin embargo, según las acusaciones, el fiscal Burgos no ha cumplido con estas solicitudes de manera oportuna ni completa, lo que ha llevado al juez especializado de Barranquilla a abrir un incidente de sanción correccional.

En este contexto, el juez dio un plazo de tres días al fiscal Burgos para explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha cumplido con el descubrimiento probatorio exigido, incluyendo la identificación de la fuente no formal que ha sido mencionada en el proceso. De no justificar estas demoras, el fiscal enfrenta la posibilidad de un arresto de cinco días y una multa de hasta $10 millones.

Este caso ha generado controversia debido a la importancia de garantizar el debido proceso y el acceso a la información relevante para la defensa de Nicolás Petro. La falta de entrega de pruebas y la dilación en el proceso por parte del fiscal han sido objeto de críticas por parte de la defensa, que ha resaltado la importancia de contar con todos los elementos necesarios para ejercer adecuadamente el derecho de defensa de su cliente.