El gobierno de Colombia pidió "perdón" este martes a comunidades del Amazonas donde fueron asesinados unos 60.000 indígenas, esclavizados por la industria del caucho que impuso un régimen de terror entre los siglos XIX y XX.
"Hoy debemos mirarlos a los ojos y pedirles perdón. La sociedad occidental, los colonos, los empresarios (...) se ensañaron contra ustedes, contra su gente", dijo el ministro de las Culturas, Juan David Correa, en la simbólica Casa Arana, uno de los principales centros de acopio del caucho en la época.
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Indígenas de los pueblos uitoto, bora, ocaira y muinane recibieron al vocero del gobierno con cantos y trajes típicos en una cancha junto a esta hacienda de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú.
Correa denunció "el horror del caucho producido en estos territorios", donde habitan nueve pueblos originarios a quienes en 1988 el Estado colombiano les restituyó sus tierras.
El régimen de terror duró hasta inicios del siglo XX, según el gobierno, y fue inmortalizado en la galardonada película "El abrazo de la serpiente" del colombiano Ciro Guerra.
El gobierno asegura que se cometió un "genocidio" en el Amazonas, cuando miles de indígenas fallecieron en medio de trabajos forzados, torturas, hambrunas y pestes provocadas por las precarias condiciones en las que vivían.
La visita coincide con el centenario de la publicación de la novela La Vorágine, del escritor colombiano José Eustasio Rivera. Considerado un clásico de la literatura colombiana y del realismo social latinoamericano, el libro expone el trato inhumano que recibieron los indígenas durante la llamada "fiebre del caucho", que tuvo su auge entre 1879 y 1912.
"Todavía hay muchas cosas que no se han escrito sobre lo que sucedió en el marco de la Casa Arana", dijo en el evento Ángel Cerayitoga, líder de los pueblos indígenas de la zona.
Julio César Arana fue un empresario y político peruano que a finales del siglo XIX formó un imperio del caucho en Sudamérica a través de la Peruvian Amazon Company, financiada con capitales ingleses y que operó en lo que hoy son territorios de Perú, Colombia y Ecuador.
Los crímenes cometidos por la expansión de sus tierras llevaron a Arana a comparecer ante el parlamento británico en 1913, tras una misión de verificación que hizo en la zona el cónsul de Gran Bretaña en Río de Janeiro, Roger Casament. Consultado por un comité de la Cámara de los Comunes por las "atrocidades" cometidas, Arana admitió parcialmente su responsabilidad.